La ley para nuevas elecciones en marcha, aunque con sobresaltos

APG

El pleno de la Cámara de Diputados sancionó ayer por la noche por unanimidad la Ley de «Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales» luego de su tratamiento y aprobación en grande y en detalle y la remitió al poder Ejecutivo para su promulgación.

«No habiendo mayores consideraciones queda sancionada la presente ley, remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales», dijo el presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, al término de la sesión.

La norma consta de 24 artículos y cinco disposiciones finales. La ley de urgencia que busca acelerar la convocatoria de elecciones en Bolivia dio ayer pasos en el Parlamento hacia ese ansiado objetivo, con el sobresalto de un intento del partido de Evo Morales para dotarle de impunidad.

Las Cámaras de Senadores, primero, y de Diputados se esforzaron para que salga del Parlamento la ley de consenso entre la mayoría del partido de Morales y la oposición que apoya al Gobierno interino de Jeanine Áñez.

Avances en ley electoral

El texto salió del Senado con la unanimidad entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición integrada por Unidad Demócrata, la formación por la que era senadora Áñez antes de asumir el poder, y el Partido Demócrata Cristiano.

El MAS, con mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, y la oposición se han conjurado para que la ley contente a todos con tal de iniciar cuanto antes el proceso hacia unos nuevos comicios.

Choque aseguró que pese a las diferencias políticas que se tiene entre bancadas, en la sesión primó el interés del pueblo boliviano al que era necesario darle certidumbre de que los legisladores quieren pacificar el país.

«En este momento ya se está remitiendo la Ley que hemos aprobado acá en la Cámara de Diputados, esperemos que mañana ya la esté promulgando la presidenta en transición», precisó en un breve contacto con los periodistas.

De acuerdo con la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, se deja sin efecto legal los comicios realizados el 20 de octubre y se da lugar a nuevos comicios para elegir a mandatarios.

Sobre la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la norma señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará un nuevo proceso de elección, en un máximo de hasta 20 días calendario, desde la aprobación de reglamento.

En cuanto a las elecciones generales, los vocales del TSE dentro de los dos días calendario siguientes a su posesión, emitirán la convocatoria para las elecciones generales 2020.

Asimismo, el TSE a través del Servicio de Registro Cívico (Sereci) realizará las tareas de saneamiento del padrón electoral para dichos comicios.

La Ley también establece que podrán participar todas las organizaciones políticas de alcance nacional con registro vigente a la promulgación de la norma.

Respecto a los candidatos, la norma establece que los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua, a un cargo electivo, durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo.

Sobresalto de la impunidad

Todo transcurría con esa voluntad de consenso cuando de repente una senadora del MAS, Sonia Chiri, presentaba por sorpresa una propuesta para que sean inmunes a las leyes Evo Morales, todas las autoridades que nombró y quienes se manifestaron a su favor en este más de un mes de conflicto en Bolivia.

La senadora quechua, una comunicadora social conocida por programas culturales para comunidades indígenas, denuncia la «vulnerabilidad» en que se encuentran todos ellos y sus familias, por lo que «requiere de acciones inmediatas del Estado» para protegerlos.

La iniciativa surge un día después de que el Gobierno provisional de Áñez denunciara ante la Fiscalía a Morales y el que fuera su ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana, en paradero desconocido, acusándolos de terrorismo y sedición por supuestamente instar a actos violentos en Bolivia.

«No voy a promulgar esa ley», advertía la presidenta interina, de forma contundente desde el palacio de Gobierno poco después de que Chiri presentara su proyecto de ley en el vecino Parlamento.

Esta ley «de la impunidad no debe ser aprobada» porque su Ejecutivo provisional «no perseguirá a ningún dirigente político, sindical o cívico», solo a «aquel que ha cometido delitos y se ha burlado de la ley y ha cometido abusos», sentenciaba.

«No vamos a participar escribiendo una historia de infamia», exclamaba categórica Áñez en un breve discurso a la nación.