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domingo, abril 14, 2024
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La libertad de conciencia

La Iglesia Católica en todo el mundo ha abogado casi siempre por el respeto a la ley, y los principios de la democracia, así como por la vigencia de los derechos humanos, y ha criticado la injusticia, defendiendo a los pobres con un mensaje de alto contenido social, de paz y armonía. En Bolivia ha sido y es un factor para la resolución de controversias, y en muchas oportunidades ha actuado como mecanismo «facilitador» del reencuentro, el diálogo y el aporte mediador en soluciones de conflictos políticos y sociales. La solvencia ética, la confianza ciudadana y credibilidad institucional de la Iglesia, se han traducido en la permanente orientación mediante mensajes de comprensión y amor, no solo hacia los feligreses, sino a todo el país.

Pero no siempre se comprende la intención de la Iglesia Católica, ni de otras instituciones como los organismos internacionales e instituciones de prestigio que actuaron en situaciones conflictivas, buscando que se evite la violencia y los excesos, y se logre la paz. La incomprensión y el fanatismo, muchas veces logran torcer esas actuaciones. Algo de esto está ocurriendo en nuestro país con una citación judicial a miembros de la Conferencia Episcopal.

Informes de prensa, revelaron que la Procuraduría General del Estado (PGE) pidió a la Fiscalía investigar a los obispos que fueron parte de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) durante la crisis poselectoral de noviembre de 2019. Mediante un memorial esa institución estatal pide citar a declarar a los obispos dentro de un juicio político. Tras conocerse esta intención, ya se han producido pronunciamientos de personalidades representativas de la comunidad nacional, políticos y juristas que recuerdan el rango diplomático de los representantes de la Iglesia. Seguramente también se pronunciará la comunidad internacional, que tiene puesta su mirada sobre algunos extremos que se producen en nuestro país.

Antes de hacerse público el memorial, coincidiendo con la posición que asume la Iglesia frente al acontecer nacional, se conoció mediante medios de comunicación que informaron que durante la CXI Asamblea de Obispos de Bolivia, que se reúne anualmente, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Aurelio Pesoa, advirtió que actualmente la democracia está amenazada. De acuerdo a la publicación de un medio de comunicación, Pesoa considera que «la libertad se va debilitando, la democracia auténtica está amenazada» y que frente a esta situación la Iglesia, está llamada «a ser luz». Señaló que «en la sociedad boliviana en este momento se intenta imponer un proyecto de país, que es el proyecto de algunos, pero no representa a todo el pueblo boliviano».

«Llamamos a deponer actitudes de imposición y de enfrentamiento. Necesitamos que se construya el bien común, necesitamos una Bolivia de todos y para todos, en progreso. Justicia y con espíritu democrático verdadero», dijo Pesoa. El presidente de la CEB se refirió también a la justicia. «En Bolivia, el Estado de Derecho, que es la garantía de que la ley esté al servicio de todos y se aplique en forma imparcial, no garantiza los derechos básicos de todos. Es una ley al servicio de intereses de algunos», dijo.

Otros pronunciamientos de la Iglesia, en diferentes oportunidades, han hecho referencia al abuso de las detenciones preventivas, la ideologización en la educación y otros asuntos que conciernen a todos los bolivianos. Su mensaje interpreta el sentir de la comunidad nacional y de los organismos internacionales que defienden la libertad y los derechos humanos.

Incluir a los representantes de la CEB en un juicio político sobre un supuesto golpe de Estado, y que solamente responde a una expresión del enfrentamiento permanente de las diferentes tendencias partidarias que pugnan por imponer sus ideologías, y asumen arbitrariamente la representación popular, o creen interpretar la forma de ver las necesidades y aspiraciones del pueblo boliviano. Frente a los dogmatismos y la incomprensión, ojalá se imponga el estado de derecho, el respeto a la libertad de pensamiento y expresión, y el reconocimiento a la libertad de conciencia, que son parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que también están impresos como mandato obligatorio, en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento legal.

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