Es una verdad de Perogrullo decir que en Bolivia no se respeta la Constitución Política del Estado ni el ordenamiento legal, y también decir que los encargados de hacer respetar la legislación, son los primeros en vulnerarla. En este momento está en proceso una «depuración» en la Policía a raíz de un largo proceso de denuncias y evidencias sobre corrupción e irregularidades en la institución del orden. A propósito de estas afirmaciones, podemos preguntar si, ¿el gobierno cumple la CPE, y respeta la Ley Orgánica de la Policía?, y si los uniformados ¿respetan sus propias normas internas? Los hechos y evidencias señalan que existen suficientes razones para generar un profundo cambio en esta institución fundamental, así como en el sistema judicial.
Pero sin duda, estos cambios deben obedecer al imperio de la ley, respeto a los derechos humanos, y cumplimiento de las normativas correspondientes. Desgraciadamente, da la impresión de que en lugar de procesar a los corruptos y malos policías, hay una inquina hacia los servidores del orden por cuestiones políticas. Se habla de más de 200 policías echados de la instrucción. Además, se ha reestructurado el alto mando policial con la instrucción de continuar con la «purga».
El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo negó que la baja de más de 200 efectivos policiales de diversos grados, sea a consecuencia de la crisis política de 2019, cuando se produjeron movilizaciones sociales y enfrentamientos tras la renuncia del expresidente Evo Morales. Afirmó que esas personas cometieron diversos delitos de corrupción, faltas o contravenciones al interior de la Policía Boliviana, y la decisión tomada, obedece a la necesidad de sacar a las malas personas de la institución, y no tiene nada que ver con temas políticos. El ministro dijo que pidió al Tribunal Disciplinario de la Policía mayor celeridad a los procesos que aún están en curso.
Pero, es una realidad que varios policías fueron sometidos a procesos disciplinarios a denuncia del actual viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, que impulsó procesos contra 26 policías acusados de apoyar y participar en la movilización social contra el fraude electoral y que derivó en la renuncia de Evo Morales. Además, sorprendentemente, en varias oportunidades, policías sobre los que recaían sospechas de irregularidades graves, terminaron asumiendo altos cargos. ¿Será que ahora cambiará esta tendencia y se cumplirán las normas? Recordemos que el último informe de la Defensoría del Pueblo, afirma que la Policía es la institución que tiene más denuncias por vulneración de derechos humanos en el país. «Solo en 2022 nuestras oficinas defensoriales recibieron 1.539 denuncias en su contra. Le siguen el Ministerio Público con 1.394 y el Órgano Judicial con 1.163», dice el informe. Sin embargo, no existen policías destituidos por violaciones a los derechos humanos.
Ojalá que las nuevas autoridades respeten el debido proceso, tengan en cuenta las normas legales y se apeguen a la CPE, y que se respete la Ley Orgánica, que señala que «La Policía Nacional tiene por misión fundamental, conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad». El Art. 7o. entre otras determinaciones, dice que son atribuciones de la Policía Nacional a) Preservar los derechos y garantías fundamentales, reconocidos a las personas por la Constitución política del Estado. b) Proteger el patrimonio público y privado. c) Prevenir los delitos, faltas, contravenciones, y otras manifestaciones antisociales. d) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con sus funciones de: Policía Rural, Fronteriza, Aduanera, Ferrocarrilera, Substancias Peligrosas, Minera, Turismo y otras especialidades. e) Ejercer tuición, asesoramiento y cooperación para el cumplimiento de las funciones de Policía Urbana y Policía Tutelar del Menor. f) Coadyuvar con los organismos administrativos correspondientes en la protección integral de los menores de edad. g) Prevenir los accidentes que pongan en riesgo la vida y los bienes de las personas. h) Investigar los delitos y accidentes de tránsito. i) Practicar diligencias de Policía Judicial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a disposición de las autoridades competentes, además de asignar muchas responsabilidades en la lucha contra el delito. El policía también tiene derechos, entre ellos, «a no ser retirado de la Institución, salvo que se le compruebe la comisión de algún delito en proceso contradictorio conforme a Ley. Las infracciones a las leyes y reglamentos institucionales, determinan la organización de proceso disciplinario y en su caso, la sanción correspondiente».