El boom en la minería del oro, impulsado por los altos precios, está expandiendo la producción y búsqueda, desgraciadamente sin control y al margen de la ley, especialmente en la Amazonia. Bolivia no está al margen de esta actividad depredadora que además, es motivo de litigios, problemas entre productores y de un daño irreversible al medioambiente, por la utilización de reactivos, ausencia de control ambiental, contaminación de los ríos y deforestación. Brasil en los últimos años ha producido récords de oro, se estima que anualmente está exportando más de mil toneladas del metal precioso. La cotización internacional del oro oscila por los 1,856 dólares la onza troy (58.8 dólares el gramo). En Bolivia la cotización fluctúa por los 1,871 dólares la onza troy, y 60.19 dólares el gramo.
Brasil es uno de los más importantes productores de oro. Una investigación realizada el año pasado reveló el descontrol que existe sobre la comercialización de este metal precioso en Brasil y cómo esto ha contribuido a la devastación de la selva. Se estableció que solamente en 2020 la Amazonia brasileña perdió unos 8.500 kilómetros cuadrados de selva. Desgraciadamente, Bolivia no se queda atrás, los ríos del oriente boliviano que forman parte de la cuenca amazónica se encuentran plagados de dragas y lanchones que explotan oro sin ningún control. El norte del departamento de La Paz está en permanente tensión por la inmensa cantidad de grupo que se dedican a la explotación ilegal, y entran en conflicto entre ellos y los comunarios, a lo que se suman las cooperativas auríferas y empresas. En las últimas semanas se ha denunciado la penetración de grupos que están explotando ilegalmente oro en la reserva del Madidi. La denuncia, lejos de merecer una amplia investigación, fue motivo de reproches de las autoridades, que entran en contradicciones sobre supuestas investigaciones y autorizaciones concedidas para la explotación aurífera.
Publicaciones de varios medios de comunicación dan cuenta de que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que no otorgó ningún permiso para la explotación de minerales en áreas protegidas como el Parque Madidi, La Paz, y que la otorgación de un «derecho» en esos territorios es responsabilidad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Según la explicación, AJAM inmediatamente tuvo conocimiento de esta explotación ilegal en el (Parque) Madidi, asumió las acciones legales correspondientes, pero que se efectuaron en reserva. Mientras tanto, se denunció que por lo menos nueve empresas asedian el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado del Madidi en su afán de explotar oro en las riberas del río Tuichi. Se informó que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) inició procesos administrativos para restringir esa actividad.
Las normas legales protegen las reservas naturales, de manera que no se debería otorgar nuevas concesiones. Solamente están permitidas las actividades pre constituidas antes de la declaración al parque como área protegida, pero además, deben contar con licencia ambiental y permisos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y sólo pueden realizar una explotación a nivel artesanal, sin maquinaria. Lo lamentable de esta y otras situaciones que entran en la ilegalidad, es que en nuestro país las leyes y normas regulatorias están vigentes, pero no se cumplen. El irrespeto comienza en las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento al ordenamiento legal, y se extiende a quienes no miden consecuencias en su afán de lograr beneficios, aunque sea a costa de la naturaleza o del futuro del país.