La oposición lamentó este lunes que la Justicia determinara anular el proceso penal que investigaba el supuesto fraude electoral en los fallidos comicios de 2019 y cuestionaron el actuar de los jueces.
La alianza Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), deploró en un comunicado «la decisión política» de la jueza Claudia Castro que determinó anular este proceso penal.
El caso, iniciado a instancias de una denuncia del expresidente Carlos Mesa y líder de CC, indagaba el supuesto fraude electoral de las elecciones anuladas de 2019.
Dentro del proceso fueron denunciados el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
Según CC, la decisión de Castro «refleja una vez más que los operadores del sistema judicial no solo se mantienen a las órdenes del MAS sino que han perdido legitimidad y respeto por las leyes».
Esa determinación, «promovida por el MAS», constituye una «afrenta a la democracia y al pueblo boliviano» y no se puede cambiar «la verdad histórica de los hechos» que ha sido sustentada por informes de organismos internacionales, como el de la Organización de Estados Americanos (OEA), indica el comunicado.
«Queda en evidencia la necesidad urgente de recuperar el sistema judicial del control político que ha convertido a un órgano del Estado en un mecanismo de corrupción», agrega la nota.
Por último, alerta que esta anulación del proceso es parte de «la estrategia deliberada del MAS» para «posicionar la idea de un falso golpe de Estado» contra Morales para iniciar una persecución judicial contra líderes políticos opositores.
Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga manifestó en Twitter que la anulación de este proceso es una «impunidad vergonzosa» y que la justicia «masista» está anulando la voluntad popular que investigaba al «faraón prorroguista», haciendo alusión a Morales.
En la misma red social también se pronunció Yerko Núñez, exministro de la Presidencia en la gestión transitoria de Jeanine Áñez, quien sostuvo que el MAS «rompió la institucionalidad de la Justicia y que mató su imparcialidad e independencia».
La resolución de la jueza data del pasado 23 de noviembre, pero recién se hizo pública este lunes.