La protesta de los reclusos de la cárcel de Palmasola tras la muerte de dos reos con posibles síntomas de COVID-19, volvió a dejar patentes los problemas crónicos del sistema carcelario boliviano, como las demoras en la justicia que derivan en el hacinamiento.
Decenas de reos del penal de Palmasola, situado en la región oriental de Santa Cruz, que concentra la mayoría de casos de COVID-19 en Bolivia, se manifestaron la pasada noche durante varias horas en un patio del centro penitenciario para reclamar una mejor atención sanitaria ante la pandemia y agilizar los procesos penales.
La Policía desplazó un importante contingente para reforzar la seguridad interna y externa del lugar, donde la situación finalmente se calmó avanzada la noche sin que fuera necesaria la intervención de los uniformados.
Las demandas de los reos
Un representante de los reclusos sostuvo ante los medios que la intención de la protesta era hacer escuchar las demandas de la población carcelaria y, tras lograrlo, los reos retornaron a sus respectivos pabellones.
«Necesitamos atención médica, lamentablemente somos solamente atendidos por otros internos que están acá. No se nos está dotando de medicamentos, ni barbijos, y lo que llega es muy poco para la cantidad de personas que tenemos», reclamó.
También demandan «celeridad» para que quienes ya cumplieron su condena puedan salir en libertad, un reclamo que vienen haciendo desde hace años.
«No queremos poner plazos, lo que queremos es que las autoridades reaccionen», agregó.
Alerta ante la pandemia
Dos reos fallecidos con posibles síntomas de COVID-19 desataron las alarmas en Palmasola, la mayor penitenciaría de Bolivia con más de 5.000 internos y considerada la más conflictiva del país por los recurrentes episodios de tráfico de narcóticos y armas en su interior e intentos de fuga.
En las últimas horas se reportó la muerte de un tercer recluso en las puertas de un hospital cruceño, mientras aguardaba para ser atendido junto a otros dos reos enfermos que sí fueron ingresados en el centro de salud.
Aún no se conocieron los resultados de los exámenes de laboratorio de los dos primeros fallecidos, aunque el periódico cruceño El Deber informó de que uno de ellos dio positivo a COVID-19.
Mientras se desarrollaba la protesta, la Dirección de Régimen Penitenciario anunciaba en un comunicado una serie de medidas ante los posibles casos de la enfermedad en Palmasola, incluidos el aislamiento de quienes estuvieron en contacto con los fallecidos y la desinfección del centro penitenciario.
El envío de médicos, el refuerzo de las medidas de bioseguridad y la promesa de agilizar los trámites de indulto para la población en alto riesgo de contagio fueron otras medidas anunciadas.
Males crónicos carcelarios
Las cárceles bolivianas arrastran desde hace años problemas como el hacinamiento causado por la tardanza de los procesos judiciales.
Los datos más recientes de Régimen Penitenciario señalan que en Bolivia hay 18.108 personas privadas de libertad, de las que 6.423 cuentan con sentencia y 11.685 están con detención preventiva.
Al tener penales llenos muy por encima de su capacidad son frecuentes los episodios de reyertas, algunas con muertos, además de peleas por el control de los centros penitenciarios entre distintas bandas criminales.
Desde marzo pasado, cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19 en Bolivia, están restringidas las visitas a las cárceles del país para evitar que el virus llegue a estos centros, aunque sí está permitido el ingreso de alimentos.
Bolivia, que está en cuarentena desde marzo pasado, registra 122 fallecidos y 2.831 casos confirmados de la enfermedad.