La paridad de género es una realidad en el Parlamento boliviano al menos en números, pero junto con ese logro también llegaron el acoso y la violencia política a este órgano, donde siete de cada diez parlamentarias han sufrido alguna de esas lacras, a veces sin estar plenamente conscientes de ello.
Estos datos están en un estudio sobre desigualdad de género en un contexto de paridad, realizado por encargo de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, la estatal Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
En una entrevista con Efe, la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, explicó que esa entidad «estuvo recibiendo una serie de denuncias de situaciones de acoso y violencia política» ocurridas en las cámaras de Diputados y Senadores de Bolivia, a falta de un mecanismo interno en estos órganos estatales para atender estos casos.
Esta fue una de las razones que motivó a hacer la investigación, indicó Novillo, cuya organización agrupa en el país a 26 entidades defensoras de la igualdad de género.
El estudio permitió evidenciar que «de cada diez mujeres que están en el ámbito de la Asamblea Legislativa, al menos siete han sufrido alguna situación de acoso y violencia política», señaló.
Novillo llamó la atención sobre el hecho de que al preguntar a las parlamentarias si habían sufrido situaciones de violencia política, inicialmente solo el 15 por ciento afirmó que sí, pero porque al parecer hay una «naturalización» de los comportamientos de acoso en el Legislativo.
Para detectar estos comportamientos, se aplicaron 21 variables que permitieron evidenciar que el 75 por ciento de las parlamentarias sí había vivido alguna forma de acoso o violencia política, según datos de la coordinadora.
«Aunque en un inicio no la reconocen, luego cuando uno va caracterizando cómo se expresa el acoso y la violencia política, entonces ellas van reconociendo que efectivamente lo han sufrido», explicó la activista.
Las expresiones más fuertes que se identificaron son amenazas de violencia física o contra la seguridad de la persona y su familia, y los índices se elevan más durante las épocas electorales.
Además del género, aparecen otras variables como el lugar de procedencia, si son indígenas, el idioma, la vestimenta o el nivel de formación, «elementos que se usan para acosar políticamente a las mujeres», indicó Novillo.
«Entonces hay una trenza de discriminaciones que se expresa también en esta forma de violencia que no es nueva, pero que se expresa con mucha fuerza en este nuevo espacio donde las mujeres están participando», advirtió.
Según Novillo, cuando se inició la investigación las asambleístas tenían un poco de temor «por reconocer que había acoso y violencia política» en el Legislativo, «porque en muchos casos la tendencia es tratar de mostrar una competencia entre partidos políticos, quién tiene al más acosador, quién es el más machista».
«Esta es una tendencia para utilizar el tema con fines políticos y luego se hace a un lado o se posterga el interés propio de la mujer que está denunciando. Esto es un interés legítimo, y en eso las propias mujeres miden qué van a ganar denunciando», manifestó.
Lo que se ve es que no hay mecanismos para rechazar el acoso político dentro de los partidos porque son estas mismas entidades las que «toleran y reproducen» estas situaciones, advirtió.
Además, cuando la violencia viene de un adversario político, es más fácil denunciarla, pero las posibilidades de las mujeres se ven limitadas cuando viene de un «correligionario», porque «podría producirse una serie de represalias en contra de ellas», agregó.
La paridad numérica no deja de ser «un gran logro para Bolivia y para Sudamérica», pero aún son necesarias transformaciones de los «imaginarios colectivos» para superar efectivamente problemas como el acoso político, según Novillo.
«De lo que se trata es cómo logramos desnaturalizar esta forma de violencia» y eso también «tiene que ver con las actitudes de los partidos políticos», manifestó.
Novillo urgió a las organizaciones políticas y a las instituciones estatales a generar mecanismos para no tolerar ningún tipo de acoso ni violencia, y resolver los casos que se presenten.