Cabe recordar que el 9 de julio de 2019, Juan Evo Morales Ayma en compañía de Álvaro García Linera y ministros promulgó el Decreto Supremo Nº 3973, que autoriza, que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se efectué el desmonte y quema «controlada» de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias. Con ese aval, gente inescrupulosa comenzó a avanzar en la habilitación de tierras utilizando el fuego, que se descontroló y arrasó 6 millones de hectáreas en la Chiquitania.
«Los incendios forestales vuelven a cobrar grados de alto riesgo con daños incalculables al medioambiente, a la vida silvestre y a la salud de la población, sin que hasta ahora los responsables del gobierno el MAS hubiesen sido sancionados», señalaron defensores del medio ambiente.
Ni la gravedad de los incendios forestales del año pasado motiva a alguna gente a detenerse y pensar que el daño que se está haciendo al país es muy grande y de incalculables efectos perversos. Mientras el fuego amenaza diversas zonas donde se siguen practicando quemas para la habilitación de tierras, todavía queda en la memoria la tragedia del año pasado que devastó 6.4 millones de hectáreas de bosques y selva en varias regiones del país.
Al presente se están quemando extensas zonas en la Chiquitania y en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
El Sernap, la Armada y otros luchan contra el fuego, mientras el gobierno anunció que se declara emergencia por los incendios forestales y que se abrogará el decreto que da vía libre a las quemas. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, convocó al comité de crisis para enfrentar la situación. La presidente Jeanine Áñez anunció que se abrogará el decreto 3937 del anterior gobierno que autoriza las quemas, que se declara emergencia y que se trabajará «con todo para frenar los incendios».
El ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que no ocurrirá lo sucedido el año pasado, porque ahora prevalece la lógica de salvar la flora y la fauna, las vidas de los productores, al sector agropecuario y al sector agroindustrial. «Ese es el espíritu que nos mueve. El gobierno está dispuesto a todo para enfrentar con éxito esta situación crítica», manifestó. Dio a conocer que a la fecha los incendios afectaron aproximadamente 400 mil hectáreas, cifra inferior a los más de dos millones de hectáreas que ardieron el año pasado, en la Chiquitania.
Asimismo, garantizó que el Comité de Crisis Permanente brindará todos los días información fidedigna, exacta, oportuna y eficiente de lo que está ocurriendo en los incendios.
Se impone abrogar todo un paquete de normas que atentan contra el ecosistema
Defensores del medio ambiente consideran que es necesario modificar el «decreto incendiario» y todo un paquete de Leyes, decretos y resoluciones que van contra la Constitución Política del Estado, que determina la protección del medio ambiente.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, efectuó un inventario de lo que las organizaciones ambientalistas llaman, Leyes incendiarias, especialmente la Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y su D.S. 1578 Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la Ley 337. Ley N° 741, de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas. Ley N° 1098 y el D.S. 3874 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción de biodiesel. Ley Departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso del Suelo del Beni.
Entre estas normas figura el funesto decreto 3973 de Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias; y los decretos 4232 y 4238 que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa, además de la anulación de algunas resoluciones administrativas.