El procurador General del Estado, Pablo Menacho, lamentó ayer la «nula» cooperación del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) en la investigación del proceso de reversión de la concesión minera a la firma Non Metallic, socia de la chilena Quiborax.
«Cuando él tiene la obligación de cooperar con la Justicia, cuando va y se presenta ante el defensor de los intereses del pueblo, ante los órganos jurisdiccionales como el Fiscal General del Estado, él demuestra una actitud de nula cooperación con la investigación que se está llevando adelante», dijo.
La Procuraduría General del Estado solicitó una investigación contra Mesa por presuntos actos ilegales cuando gobernaba y que derivaron en una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el pago de más de 42 millones de dólares a la minera chilena.
En el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, respecto a la Proposición Acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) en fecha 22 de mayo del año en curso, se tomó declaración, en calidad de denunciado, al expresidente Carlos Mesa, indicó Menacho.
Carlos Mesa, en su escueta declaración, señaló que su respuesta estaba señalada en los memoriales de 30 de mayo, 12 y 18 de junio de 2018. “No me abstengo, remito mis respuestas a los tres memoriales antes mencionados”, señaló Mesa al Fiscal General del Estado, sin hacer referencia a los hechos planteados en la Proposición Acusatoria que le fue leída en su integridad.
«El expresidente Carlos Mesa ha demostrado su total falta de voluntad para cooperar con la investigación», señaló Menacho, a tiempo de informar sobre el proceso.
Menacho hizo conocer que en el marco del cumplimiento del Laudo (sentencia internacional) de 16 de septiembre de 2015, se logró una rebaja, lo que permitió un ahorro sustancial para el Estado de US$ 14,5 millones. Asimismo, informó que, en abril del año 2016, luego de la emisión del Laudo, la PGE realizó una evaluación de las acciones de defensa en el procedimiento arbitral.
Menacho precisó que la controversia se inició en la administración de Mesa, con la emisión del Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, que dispuso la revocatoria de las 11 concesiones mineras obtenidas por Non Metallic en el Salar de Uyuni en Potosí.
Añadió que esa norma vulneraba las disposiciones de la Ley 2564, que establecía la elaboración de seis auditorías previas a la declaratoria de nulidad de esas concesiones.
«Eso es por lo que el tribunal (CIADI) ha fallado en contra de Bolivia, por esa ilegalidad, porque no se cumplió la Ley, porque se emite un decreto ilegal y porque finalmente ese decreto ilegal es el que causa el daño», remarcó.
Ese caso está en la fase de preliminar de investigación de la proposición acusatoria, si la Fiscalía encuentra responsabilidades, podría pedir autorización de juicio a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
«Lo que corresponde ahora es que concluya en los 30 días hábiles las investigaciones en el Ministerio Público y, si haya ciertos indicios de culpabilidad, remita esa documentación a la Asamblea Legislativa y, tratándose de un expresidente, va a determinar si autoriza o no el inicio del juicio de responsabilidades», agregó Menacho.