El Decreto Supremo 2189 implementa una figura que la abrogada Ley del 05 de marzo de 1958 No contemplaba, la Renuncia del Poder.
El poder, es concebido como un negocio jurídico en virtud del cual una persona (el poderdante) concede a otra persona (el apoderado) la facultad de representarle en determinados contratos y negocios jurídicos de tal manera que los efectos de dichos contratos se produzcan en el patrimonio del poderdante como si fuera él mismo quien hubiera realizado los actos. En otras palabras, es una delegación de Facultades.
En ese entendido, el poder es un instrumento de representación unilateral puesto que no necesita ser aceptado por el apoderado, ya que este al ejercer el Poder, acepta tácitamente la representación. Por esta misma razón, muchos piensan en principio que No es necesario que el apoderado renuncie a un poder que no ha aceptado expresamente: bastaría con que no ejerciera las facultades consignadas en el citado instrumento jurídico, para manifestar que no desea ser apoderado del poderdante.
La normativa legal en Bolivia supone que es necesario que exista la Manifestación formal del Apoderado, más aún si el apoderado empezó a ejecutar las facultades consignadas en el Poder. Es por ello necesario que el Apoderado, de conformidad al Art. 75 del D.S. 2189, realice la Renuncia del poder por ante cualquier Notario de Fe Pública, para dejar constancia de este extremo y formalizar su declaración de voluntad. En ese entendido, la renuncia del poder, es un acto voluntario del apoderado que tiene un destinatario principal y otros secundarios; en consecuencia se deberá notificar de forma personal, de preferencia a través de una Carta Notariada, al Poderdante, quien llegaría a ser el destinatario principal, asimismo notificar al Notario que otorgo el Poder y también a las instituciones a las cuales el Poder hace referencia o faculta para el apersonamiento, quienes serían los destinatarios secundarios o indirectos, respecto de los cuales se anula la posible apariencia de representación que otorgaba el poder conferido.
Pero también es importante señalar que el apoderado, a tiempo de realizar la renuncia, deberá manifestar de forma clara el motivo real por el cual adopta esa decisión, puesto que el poderdante puede resultar perjudicado por la actitud del apoderado en quien confió y delegó para realizar determinadas gestiones que se quedarían sin realizar. Inclusive podría surgir, para el apoderado renunciante, la obligación de indemnizar posibles daños causados al poderdante por el no cumplimiento del mandato legal.