Una de las más dañinas tradiciones del país es la festividad de San Juan, por el encendido de fogatas y quemas, pese a las prohibiciones expresas del gobierno central, gobernaciones y los municipios. Se trata de una costumbre que pervive debido a la fragilidad de las normas internas, y la deliberada transgresión a los acuerdos internacionales dirigidos a proteger el medio ambiente. En nuestro medio todavía el 23 de junio mucha gente celebra con reuniones y fiestas, y algunos con el encendido de fogatas. Esperemos que este año mejoren las convicciones ambientales y además se cumplan las medidas de bioseguridad para evitar que el coronavirus siga expandiéndose.
Algunos municipios han recordado la vigencia de ordenanzas que expresamente prohíben el encendido de fogatas y la venta y encendido de artefactos pirotécnicos. Se han establecido multas para los transgresores y la activación de brigadas de control, así como se habilitaron líneas telefónicas y espacios en redes sociales para denunciar las quemas. Es necesario que se comprenda que la pandemia y el humo pueden generar eventuales complicaciones para la salud, especialmente para las personas que se infectaron con el virus, o que padecen otras enfermedades.
Pero es necesario también que toda la ciudadanía tome conciencia de la necesidad de proteger la naturaleza y el medio ambiente respetando el acuerdo de Paris del que Bolivia es un Estado signatario. En nuestro país, pese a que la nueva Constitución Política del Estado asigna importancia vital a la defensa de la naturaleza y protección ambiental, nada se hace por preservar los ecosistemas ni evitar la contaminación o la quema de bosques. El mandato constitucional ha quedado carente de la fuerza que haga respetar sus previsiones. Falta también la voluntad política para pasar de las palabras y arengas sobre la protección ambiental a la acción decidida que haga la preservación ecológica.
Todos los incendios forestales, focos de calor y chaqueos producidos cada año en el país, han destruido cientos de miles de hectárea de bosques y praderas. Los niveles de contaminación registrados en este momento en las ciudades están por encima de lo que permite la Organización Mundial de Salud (OMS), que considera que 50 microgramos por metro cúbico ya representan un riesgo. La densa humareda, como consecuencia de los chaqueos afecta la salud, generando bronquitis, rinitis, faringitis, alergias y asmas, y ha incrementado los casos de Infecciones Respiratorias Agudas, conjuntivitis, sobre todo en los niños y personas de la tercera edad. En una situación como la actual, sería irresponsable que se efectúen quemas.
Las autoridades y la ciudadanía en general deben contribuir a preservar la salud. Si se da el caso de encendido de fogatas con el consiguiente enrarecimiento del aire por el humo, la población queda expuesta, más aún cuando una de las carencias de este momento es el oxígeno, necesario para los enfermos. Contaminar más el aire significaría un atentado a la salud y hasta a la vida de la población. Las autoridades en el marco de las normas legales tienen que actuar drásticamente y aplicar los mecanismos legales establecidos para hacer que se sancione a quienes atenten contra la salud de la población. Los informes oficiales del Ministerio de Salud sobre el incremento de infecciones de coronavirus y la gravedad con la que se expande la pandemia, tienen que mover a la población a mitigar las comprensibles ansias de compartir y tener momentos de esparcimiento. La solidaridad debe ser la que guie a quienes se sienten sanos y desean momentos de diversión. El esfuerzo de la vacunación masiva no debe ser defraudado con actitudes irresponsables que agraven el riesgo sanitario que ya existe. La salud está antes que los momentos agradables que puedan compartirse junto a una fogata.