16 C
La Paz
viernes, diciembre 8, 2023
InicioBoliviaLa sentencia del plan Cóndor da esperanzas de juicios pendientes

La sentencia del plan Cóndor da esperanzas de juicios pendientes

La sentencia de la Justicia italiana a cadena perpetua para responsables de la Operación Cóndor fue recibida ayer en Bolivia con la esperanza de que ayude a abrir en el país juicios pendientes por crímenes de las dictaduras.

«Necesitamos que la Comisión de la Verdad establezca responsables materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad y que se inicien los juicios correspondientes», declaró a los medios Ruth Llanos, presidenta de una asociación de víctimas.

La responsable de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) compareció en La Paz junto a la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, para pronunciarse sobre la condena del Tribunal de Apelación de Roma.

El tribunal condenó ayer a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Bolivia, Chile, Uruguay y Perú acusados de la desaparición de italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.

Ruth Llanos recordó que el dictador boliviano Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, ya fueron condenados en 2017 en Bolivia, pero «lastimosamente» el segundo de ellos murió en 2018, mientras que el primero está encarcelado en el país tras ser sentenciado a 30 años de prisión.

Arce Gómez, exministro del Interior (1980-1981), actualmente cumple una condena de 30 años en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por los delitos de alzamiento armado y organización e integración de grupos irregulares; contra la libertad de prensa; asesinato, sancionado; y genocidio en la calle Harrington de Sopocachi, donde fueron asesinados miembros del Movimiento Izquierdistas Revolucionario (MIR).

Arce Gómez es recordado en la historia boliviana por su frase que en esa época los bolivianos deberían caminar «con el testamento bajo el brazo».

Llanos, consideró que la sentencia en Roma, que afecta a ambos, «es un paso más» para que en Bolivia no queden impunes crímenes de las dictaduras, porque «los años van ocultando a veces todos los destellos de memoria».

Llanos calificó de «histórico» que un tribunal de fuera del país haya investigado durante años desapariciones en países como Bolivia, al mostrar que estos casos pueden «convertirse en justicia internacional».

La presidenta recordó que estos casos figuran en un informe al que será sometida en noviembre próximo Bolivia ante Naciones Unidas, cuya respuesta por parte del país confió en que contribuya a revelar «dónde están los desaparecidos, a cuántos nos pueden entregar, porque necesitamos saber dónde están».

Por su parte, la Defensora del Pueblo valoró la sentencia como «una señal de lucha contra la impunidad» en Bolivia, con la esperanza de que «va a marcar la línea que debería hacer el resto de países».

Cruz agregó que en Bolivia «lastimosamente» están pendientes muchos juicios por crímenes durante las dictaduras, ya que hubo procesos por desapariciones forzosas pero existe «aún impunidad» en casos de «genocidio, asesinatos, torturas».

Al respecto, demandó que la Comisión de la Verdad en Bolivia dé pie a juicios por crímenes de lesa humanidad.

Llanos y Cruz hicieron estas declaraciones en la sede de la Defensoría del Pueblo de Bolivia tras participar en una videoconferencia con abogados, representantes de la Comisión de la Verdad y del Gobierno boliviano desplazados a Roma.

El tribunal italiano cambió de este modo una sentencia en primera instancia de enero de 2017, que estableció ocho cadenas perpetuas, entre ellas las de García Meza y Arce, pero absolvió a 19 imputados por haber prescrito los delitos.

El proceso comenzó con la denuncia hace veinte años en Italia de familiares de una veintena de desaparecidos latinoamericanos con orígenes italianos.

La Comisión de la Verdad tiene la tarea de investigar lo acontecido en cada dictadura en Bolivia, para remitir sus conclusiones a la Fiscalía, que será la que establezca responsabilidades.

Se cree que durante el periodo 1964-1982 las dictaduras militares provocaron 1.392 personas asesinadas, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados en Bolivia, según datos del jesuita español Federico Aguiló que son referentes de la investigación.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

MÁS LEÍDAS

- Publicidad -