La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre dos normas que podrían atentar contra la labor de los periodistas en Bolivia, además de recordar algunos casos de informadores afectados por conflictos en este país, en un informe preliminar presentado durante su 77 Asamblea General que comienza este martes.
El apartado sobre Bolivia abre con una mención al polémico proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, que se analizaba en el Parlamento pero que el Gobierno de Luis Arce retiró recientemente por las protestas que generó.
Según la SIP, la citada norma, promovida por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), eliminaba el «secreto de la fuente periodística», pues se exigía a «profesionales de todos los sectores, incluyendo a periodistas, que renuncien al secreto profesional».
Esto fue denunciado en su momento por los gremios de medios y periodistas que alertaron sobre el riesgo de pérdida de la protección del secreto profesional, ante lo cual el Gobierno de Arce aclaró que la norma no se aplicaba a los periodistas, ni comunicadores.
Aunque la norma fue retirada, sectores como los comerciantes y transportistas prevén nuevas protestas en demanda de la anulación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, vigente desde agosto y que daba el marco para el proyecto retirado.
La SIP también mencionó otro proyecto de ley que «delega al estatal Instituto Nacional de Estadística (INE) la función de obtener y centralizar datos de todas las personas naturales y jurídicas, incluyendo organizaciones no gubernamentales, fundaciones, entidades religiosas, organismos internacionales y agencias de cooperación».
Según la entidad, organizaciones civiles han expresado preocupación de que esta ley, que ya fue aprobada en el Parlamento, «pueda restringir el acceso a la información, al otorgar a un ente gubernamental la potestad para decidir qué datos pueden o no divulgarse», lo que infringe los derechos establecidos en la Constitución boliviana.
Conflicto cocalero
El reporte de la SIP, que debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea, también se refirió a la afectación a la prensa que dejó el conflicto entre cocaleros de la región subtropical de Los Yungas por el control de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz.
El conflicto se viene arrastrando desde 2019 y se reactivó este año ante la intención de una facción de cocaleros señalados de ser afines al MAS de elegir a un nuevo presidente de Adepcoca desconociendo al dirigente elegido en 2020 por los demás productores.
La SIP denunció que en julio pasado, por este conflicto, dos directores de radio y dos reporteros de Los Yungas fueron llamados a declarar por la Fiscalía dentro de las investigaciones por la muerte de un policía durante enfrentamientos con los cocaleros, pese a que «no fueron testigos del crimen».
También recordó que en septiembre el periodista Carlos Quisbert fue arrollado por un agente antidisturbios y golpeado por otros siete cuando realizaba la cobertura sobre un enfrentamiento entre cocaleros y policías en La Paz.
Quisbert «fue detenido, esposado y rociado con gas lacrimógeno en el interior de un vehículo policial» y pese a que le liberaron, volvió a ser detenido y un fiscal le abrió un proceso.
El periodista finalmente fue liberado «cinco horas después ante la presión y protestas de sus colegas», agrega el reporte.