La tierra se ha convertido en un negocio lucrativo para quienes detentan poder político y administrativo y un mecanismo de corrupción e impunidad. Se han torcido los objetivos del saneamiento de tierras para ser utilizado políticamente, para el enriquecimiento ilícito. Las últimas denuncias del descubrimiento de una organización delictiva dentro del ministerio de Desarrollo Rural y Tierras muestran nuevamente la forma como la corrupción ha impregnado algunas instituciones en forma reiterativa.
El caso del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, que procesa el Ministerio Público, es otra muestra de los mecanismos para el aprovechamiento ilegal del patrimonio nacional. Tratándose de un hecho infraganti, según las investigaciones, el camino al esclarecimiento podría allanarse, pero con las experiencias pasadas las dudas se acrecientan, y ya no extraña a nadie que parezcan políticos que justifican el soborno y minimizan su gravedad o que organizaciones sociales se opongan a la investigación.
Los medios de comunicación han difundido abundantes datos sobre el tráfico de tierras fiscales que involucran a diferentes autoridades y que generaron decenas de denuncias y el inicio de procesos a funcionarios del ministerio de Tierras como del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). Recordemos los millonarios daños al Estado desde el Fondo Indígena, convertido en un instrumento político. Pese a la magnitud del escándalo y el millonario desfalco, la impunidad está cubriendo a los verdaderos responsables. En nuestro país, los actos de corrupción tienden a ser considerados como algo inevitable. Es lamentable reconocer que ya no sorprende a nadie una denuncia de esta naturaleza. Algunas instituciones públicas junto al sistema judicial, han adquirido experiencia en los mecanismos para eludir responsabilidades y tapar graves irregularidades bajo un manto de impunidad. Por ello tampoco extraña a nadie que Bolivia figure entre los países con baja calificación en materia de lucha contra la corrupción, y en lo que va del siglo XXI, todos los informes de Transparencia Internacional han asignado notas pésimas a nuestro país.
Desgraciadamente hay una realidad que pone en evidencia que más son los amagues que una acción efectiva. Los seis gobiernos de los últimos 20 años han anunciado lucha contra la corrupción, y han aprobado leyes y crearon entidades especializadas, pero el mal continúa, debido a que todos los regímenes repiten los mismos errores, que se pueden sintetizar en mantener la impunidad mediante un sistema judicial dislocado de su razón de existencia, y que se ha convertido en el principal factor que alienta la corrupción a lo que se suma la destrucción de la institucionalidad, afectación de la independencia de la Justicia, y aprobación de decretos que autorizan compras directas y gastos que carecen de controles, lo que hace aparecer a las arcas del Estado abiertas para cualquier tentación, mientras la Contraloría General de la República, y el Poder Legislativo, ya no cumplen su función fiscalizadora.
La corrupción está enquistada al subsistir las oportunidades que favorecen la irregularidad que se nutre y aprovecha de factores que, según estudios latinoamericanos especializados, son causa directa de la corrupción, entre ellos, las economías cerradas y excesivamente reguladas; empresas públicas sin gobiernos corporativos fuertes y con la existencia de ingresos deficientemente controlados; la existencia de legislación que permite decisiones discrecionales, como adquisiciones directas o simplificación de trámites. Además de ello, existe una acentuada debilidad de las instituciones fiscalizadoras y de los mecanismos de rendición de cuentas; la opacidad en las oficinas estatales; la selección de funcionarios públicos sin importar sus méritos, sino sus vínculos personales o políticos. De entre todos estos factores, el más dañino radica en la retardación de justicia y el sometimiento del sistema judicial al poder político, que deriva en facilitar la impunidad, que es el manto que cubre a los responsables de una serie de delitos.
Por ello es que ya nadie extraña que los denunciantes de un hecho de corrupción sean perseguidos. Recordemos cómo se determinó un proceso legal contra Diego Ayo, autor del libro que lleva el título «La verdad sobre el Fondo Indígena», que reveló la forma como se desfalcó a esa institución que fue liquidada más como un mecanismo para tapar los hechos que para investigar las irregularidades. Y la realidad es que son muchos los recovecos que se utilizan en los mecanismos judiciales. El caso del Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc) es un ejemplo de cómo, pese a las evidencias de actos de corrupción, irresponsabilidad en el manejo de bienes públicos, malversación de fondos, y otros delitos, los principales responsables están libres y los denunciantes perseguidos, y solamente algunos segundones -beneficiarios de la repartija del dinero del Fondo- están presos y seguramente pronto libres.