La asamblea general docente-estudiantil de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), emitió un voto de rechazo a la propuesta de refundación, planteada por el presidente Evo Morales, y anunció que retomarán las movilizaciones callejeras.
«Se ha ratificado todas nuestras posiciones, (es decir) el pedido de esclarecimiento de la muerte del estudiante Jonathan Quispe, la modificación de la Ley 195 y la destitución de los dos ministros (Carlos Romero y Mario Guillén), además se determinó la modificación del calendario académico para que no se perjudiquen los estudiantes», señaló el rector de la UPEA, Ricardo Nogales.
Por su parte, el dirigente de los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Franz Contreras, informó que la asamblea docente estudiantil realizada la jornada de ayer determinó mantener las movilizaciones hasta lograr atención del Gobierno a su demanda.
Contreras recordó que los tres puntos que pide esa casa de estudios superiores son: modificación a la Ley 195 de Coparticipación Tributaria, incremento al presupuesto y justicia para el estudiante Jonathan Quispe, fallecido en medio de las protestas.
«Se mantiene la posición de la universidad, seguimos en pie de lucha, pedimos la modificación de la Ley 195 y los tres puntos que hemos solicitado desde hace varias semanas, vamos a seguir con el mismo pedido», señaló.
La asamblea se realizó en medio del diálogo que los representantes de esa universidad sostienen con el Gobierno, y que debía continuar ayer en la tarde, pero que se suspendió por la ausencia de los representantes de la UPEA.
Sin embargo, Contreras dijo que se presentarán a esa mesa de diálogo con las resoluciones de la asamblea docente-estudiantil.
El dirigente estudiantil manifestó que las movilizaciones que se iniciaron hace dos meses para obtener un presupuesto de al menos 152 millones de bolivianos continuarán hasta que el Gobierno les dé las garantías de que tendrán un «presupuesto sustentable».
«Necesitamos una respuesta que nos dé un presupuesto sostenible en el tiempo, que nos dé la garantía presupuestaria sostenible, real de lo que requiere la universidad, nuestro déficit presupuestario es de 152 millones de bolivianos y 168 más el doble aguinaldo que el Gobierno ha impuesto», acotó.
No obstante, el Ejecutivo mediante una norma aprobó la entrega de 70 millones de bolivianos a esa unidad académica y se mostró predispuesto de hablar de un incremento económico siempre sobre la base de los resultaos que arrojen auditorías al manejo administrativo de esa universidad.
Gobierno anuncia nueva convocatoria a diálogo
Los ministros de la Presidencia, Alfredo Rada; de Economía, Mario Guillén; y de Educación, Roberto Aguilar, se retiraron ayer de instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), luego de esperar más de media hora a la comisión de la Universidad Pública de El Alto (UPEA); sin embargo, se anunció que se efectuará una nueva convocatoria al diálogo.
El Ministro de la Presidencia indicó que se coordinará con el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, un nuevo día para reinstalar el diálogo, tomando en cuenta que la inasistencia de la comisión universitaria se debería a que están haciendo consultas internas sobre los resultados de la reunión del lunes.
«Vamos a acordar con el Rector de la UPEA una nueva fecha y hora para podernos reunir. Hemos acordado que nos vamos a reunir hoy, hemos esperado más de media hora y resulta que no asistió la comisión de la UPEA, entendemos que estaba haciendo consultas internas», añadió.
Rada aseguró que para el Gobierno el diálogo «sigue abierto», pero para analizar las auditorías en la UPEA y transparentar sus acciones, y aseveró que no se tocará la Ley 195 de Coparticipación Tributaria como demandan los estudiantes desde el inicio de sus protestas.
Rada recordó que ya se asignaron alrededor de 70 millones de bolivianos a la UPEA como subvención ordinaria, lo que asegura que esa universidad termine con tranquilidad el año.
«No hay ninguna ley que esté en debate acá. Ahora es el momento en que se debe transparentar los recursos, se deben realizar auditorías sobre 2015, 2016 y 2017 para ver que las observaciones de auditorías anteriores sean subsanadas», puntualizó.