La pandemia, se ensaña cada vez con mayor rigor en contra de la población boliviana, que ya tiene cerca de 50 mil contagiados, más de mil fallecidos, mantiene al país semiparalizado y sin contar con los medios necesarios para atender a los enfermos, debido a que el gobierno de Evo Morales, en lugar de priorizar la construcción de Hospitales de 2do, 3er y 4to nivel, se dedicó a construir canchitas y como el manifestó públicamente a nivel internacional en declaración a medios de Londres «cuando en el área rural yo les preguntaba si querían hospitales, me contestaban mejor canchitas» .
No solo descuidó al sector de salud, sino que engañó al pueblo anunciando la construcción de cientos de hospitales con una inversión de más de dos mil millones de dólares (2.000.000.000) pero que al final prefirió inaugurar pequeñas obras de fútbol bajo el pretexto de que construir un campo deportivo era igual que hacer un hospital.
Los habitantes de Bolivia, unos más que otros, al presente sufren las consecuencias de la distorsión política y las consecuencias del despilfarro de los recursos del Estado en obras sin justificativo, con sobreprecio; en viajes innecesarios por todo el mundo, compra de avión para uso del expresidente y su círculo privilegiado, corrupción, impunidad, desconocimiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional que ellos, los del MAS, la proyectaron y aprobaron.
El gobierno de transición -de la Presidenta Jeanine Añez- recibió una herencia calamitosa y, como si todo eso no bastara, encuentra una sañuda traba desde la Asamblea Legislativa que impide la asignación de recursos para salud pública, obstruye la gobernabilidad y proyecta leyes que pretenden escudar con la impunidad a delitos perpetrados por varios militantes del Movimiento Al Socialismo en casi 14 años de gobierno.
Esta situación obliga que sea difícil gobernar con políticas bien planificadas, lo que deriva en la urgencia de rechazar posiciones políticas, subversivas, frente a la velocidad con la que crecen los problemas. Ya la pandemia lleva un ritmo de mil contagiados por día y el eje central del país que alberga a más del 80% de la población, tiene el mayor número de enfermos. Según las autoridades de Salud, Bolivia ingresa al peor momento de la expansión de la pandemia, pero todavía se prevé un crecimiento mayor en los próximos meses.
Los medios con que cuenta el país son escasos para enfrentar esta urgencia y emergencia. El gobierno había anunciado la entrega de 500 respiradores. Se entregaron 167 del total comprometido, se prevé la entrega de otros 76 hasta el 28 de julio, 10 para Oruro, 5 Pando, 5 Cochabamba, 13 La Paz, 4 Tarija, 15 Santa Cruz, 10 Potosí y 8 Chuquisaca. También se anuncia la distribución de otros 81 respiradores hasta la primera quincena de agosto. Pero como la pandemia no perdona las demoras, el gobierno está viendo otras alternativas, entre ellas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que el gabinete analiza los mecanismos para la expropiación o intervención tanto de hospitales como cementerios que pertenecen al sector privado, ante el colapso del sistema sanitario público y la expansión de la pandemia. Manifestación que encendió luces rojas porque es contraria a la CPEP, al Código Civil y su Procedimiento.
«No se trata de quitarle nada a nadie. Pagaremos un precio justo. Estamos en medio de una emergencia sanitaria que requiere medidas inmediatas por más duras que las mismas sean», argumentó el ministro a tiempo de indicar que llevarán adelante ese procedimiento con el hospital Univalle de Cochabamba, que cuenta con más de 120 camas y 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) y Udabol de Santa Cruz, que tiene capacidad para 400 camas y 100 UTI y otras.
Es posible que, debido a la excesiva carga de fatiga, estrés, por cuidar de la seguridad interna el citado ministro de gobierno haya incurrido en lapsus línguae que felizmente rectifico.
Lo que debería hacer, desde nuestro humilde punto de vista, es que todo el gabinete y gobierno, llámense asesores u compañeros de tránsito político, analicen los múltiples pedidos de las organizaciones sociales, cívicas, del pueblo en su mayoría, respecto «al inmediato cierre del parlamento por obstruccionista del sistema democrático», esta posición bajará en sumo grado la tensión en la que se encuentran los bolivianos, los diputados y senadores prorrogados inconstitucionalmente le están haciendo muchísimo daño a la imagen de Bolivia.