«Mal de muchos, consuelo de tontos», dice un antiguo refrán que está relacionado con el consuelo de aquellos que saben que no son los únicos que sufren el mal. Peor y fútil bálsamo, resulta cuando se trata de la corrupción. Desgraciadamente nuestro país aparece con las calificaciones más indignas en las encuestas de percepción de la corrupción. Lo peor es que no se ven esfuerzos sinceros por combatir este flagelo, contrariamente, parece que la tendencia va dirigida a proteger la impunidad, negar los hechos que se denuncian y desarrollar una estrategia de opacidad en lugar de buscar la transparencia, garantizar la libertad de expresión, y trabajar por una justicia independiente, imparcial y sana, como la única vía posible para cambiar la actual situación.
Los hechos de corrupción suceden constantemente con alarmantes y grotescos episodios que se convierten en escenarios donde los esfuerzos por tapar, negar, distraer o amenazar reemplazan al debido proceso. Uno de los escándalos que en este momento trasciende internacionalmente es la muerte de un testigo protegido, en un caso de presunto soborno para la adjudicación de un contrato carretero a una empresa que ya antes se benefició con otros contratos. Sorprende el tratamiento que las autoridades y la justicia dieron a este hecho en el que el referido testigo asegura en un video que, para la adjudicación, se produjo la alteración y cambio de documentos en las carpetas de licitación de la carretera doble vía Sucre-Yamparáez a la empresa CHEC; alteración y cambio de un poder notarial para la firma del contrato entre CHEC y la ABC; presunto lavado de dinero por parte del exgerente de CHEC y un tercero, supuestamente, para pagar un soborno de 18 millones de bolivianos.
La extraña muerte del testigo, y todo el caso, deben ser investigados y fiscalizados por veedores internacionales, para que se llegue a la verdad. Pero el hecho es que situaciones ilegales abundan, desde desfalcos a instituciones, contratos millonarios efectuados sin licitación, adjudicaciones a empresas de dudosa calidad ética o por lo menos con antecedentes negativos; malversaciones de recursos, compras con sobreprecio, robos, atracos, implicación de autoridades en casos de narcotráfico y una larga lista de denuncias nunca investigadas, han dado lugar a esas calificaciones bajas en la percepción de corrupción.
Transparencia Internacional (TI), asignó una calificación de 30 puntos sobre 100 a Bolivia. Los países más cercanos a cero son más proclives a la corrupción y los más cercanos a 100 son los más transparentes. En el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), en los últimos años nuestro país se situó entre los puestos 126 y 129, entre 180 países analizados. Para muchos, resulta que hay otros países que son los campeones de la corrupción y tienen peor calificación. Esto que parece un consuelo, puede también ser interpretado como una resignación, que sería la peor conclusión, porque resulta que los verdaderos corruptos son pocos, y están en la cúpula de algunas organizaciones políticas, sindicales, y de organizaciones sociales que se convierten en respaldos de esos liderazgos basados en la dádiva, las promesas y el tráfico de cargos. La mayoría de la población es víctima de los efectos de la corrupción. La Organización de Naciones Unidas ha establecido los daños y perjuicios que genera la corrupción.
Ya en el año 2018 el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Gurerres dijo que «los números muestran el sorprendente alcance de este problema», citando que el Foro Económico Mundial estima que la corrupción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5% del producto interno bruto mundial. Según el Banco Mundial las empresas y las personas pagan más de un billón en sobornos cada año. Guterres explicó que la corrupción roba escuelas, hospitales y otros fondos que son vitales. Destruye las instituciones mientras que los funcionarios se enriquecen o ignoran la criminalidad. Priva a las personas de sus derechos y ahuyenta la inversión extranjera además de dañar el medio ambiente. Fomenta la falta de credibilidad en el gobierno y la gobernabilidad, así como la disfunción política y la desunión social. Puede ser un desencadenante de conflictos. Tiene su caldo de cultivo en el colapso de las instituciones políticas y sociales.
«Los pobres y vulnerables sufren desproporcionadamente», enfatizó. «Y la impunidad agrava el problema», dijo. Guterres relacionó la corrupción con muchas formas de inestabilidad y violencia, como el tráfico ilícito de armas, drogas y personas, y señaló que las conexiones entre corrupción, terrorismo y extremismo violento han sido reconocidas repetidamente por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. «Encuestas de corrupción a gran escala realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, encontraron que el soborno de funcionarios públicos fue particularmente alto en áreas afectadas por conflictos», afirmó. Guterres reconoció que las personas en todo el mundo continúan expresando su indignación por los líderes corruptos, señalando cuán profundamente arraigado este problema en las sociedades. «Están haciendo un llamado correcto para que las instituciones políticas operen con transparencia y responsabilidad, o abran paso a quienes lo hagan», dijo, y exhortó a los líderes mundiales a escuchar y cultivar una cultura de integridad, y a empoderar a los ciudadanos para que participen en esa cultura.