La candidatura del presidente boliviano, Evo Morales, focalizó las demandas de impugnación que presentaron sectores de oposición que buscan su inhabilitación para las elecciones primarias y generales de 2019.
Un diputado, un abogado y el expresidente y candidato por la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, encabezaron los recursos que solicitan al Tribunal Supremo Electoral del país que inhabilite a la dupla de Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera.
En declaraciones a los medios, el presidente del Senado, Milton Barón, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), aseguró que los opositores están «haciendo show», ya que a su juicio únicamente pueden presentar impugnaciones los miembros un partido contra sus propios candidatos.
El legislador precisó que esas acciones no tendrán «ningún efecto jurídico» y acusó a los detractores de Morales de «engañar a la población».
El diputado de la opositora Unidad Demócrata, Rafael Quispe, presentó una demanda contra la resolución del órgano electoral que habilita a Morales, gracias a que aparece como militante del MAS en uno de los muchos errores de un cuestionado censo para las primarias del próximo enero, previas a los comicios generales de octubre de 2019.
«Vamos a denunciarlos penalmente por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución», dijo Quispe, refiriéndose a los vocales del ente electoral en caso de que rechacen su impugnación.
También destaca el recurso que presentó el ciudadano Marcel Rivas, que aseguró ser militante del partido de Morales y que en ese marco decidió presentar otra impugnación a su candidatura.
«Ese señor no es militante del MAS», declaró a los medios la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, del MAS, que manifestó que se trata de una «estafa pública» de la oposición puesto que se inscribió a su partido siendo un opositor.
Por su lado, el candidato Carlos Mesa presentó una carta dirigida a la presidenta del órgano electoral, María Eugenia Choque, en la que pide se cumpla un artículo constitucional que limita a dos los mandatos consecutivos, mientras que Morales aspira a un cuarto, y el resultado de un referéndum en 2016 que rechazó eliminar ese límite.
El tribunal «debe verificar el cumplimiento de la prohibición constitucional establecida en el artículo 168 de la Constitución y, en consecuencia, los integrantes del binomio del MAS deben ser inhabilitados», señaló Mesa en su misiva.
El ente electoral habilitó la candidatura de Morales después de que la mayoría de sus miembros considerara la pasada semana que prima una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017 sobre el referéndum de 2016.
Ese fallo estableció que el gobernante tiene el derecho humano de presentarse a las elecciones y el pueblo de elegirlo, en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada por Bolivia, por encima de la Constitución y la normativa electoral.
A su turno, la alianza opositora Bolivia dice No, liderada por el senador y candidato a la presidencia Óscar Ortiz, adelantó que en el transcurso del día presentará unas 300.000 impugnaciones, que corresponden al mismo número de ciudadanos contrarios a que el binomio Morales-García Linera vuelva a participar en elecciones.
De acuerdo al calendario electoral, las candidaturas demandadas podrán presentar su descargo desde este miércoles y el viernes próximo el organismo electoral emitirá una resolución sobre la validez de los recursos de inhabilitación.
Morales, en el poder desde 2006, ya fue habilitado por el Constitucional para un tercer mandado seguido, al entender que el primero no contaba por haberse refundado en 2009 el país de la antigua República al actual Estado Plurinacional.