Bolivia tiene una deuda pendiente con la naturaleza, con el medioambiente y la responsabilidad y necesidad de respetar los tratados y compromisos internacionales relacionados al medioambiente, que está afectando a todo el planeta, y Bolivia, sufre ya graves impactos. La deforestación supera las 200 mil hectáreas por año, cifra que ubica al país en el segundo lugar entre los más degradados en Latinoamérica. La minería aurífera está avanzando dentro de las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. Estos y otros temas fueron analizados por Ivette Sierra Praeli, investigadora de Mongabay Latam, publicación especializada en Medio Ambiente, que efectúa un balance de lo ocurrido durante el pasado año y alerta sobre la necesidad de trabajar en esta gestión para proteger la naturaleza.
Señala que dos temas han marcado la agenda ambiental en Bolivia en 2022: el avance de la deforestación, que ha ubicado al país en el segundo lugar entre las naciones con mayor pérdida de bosque en Latinoamérica, y el aumento de la minería aurífera en las áreas naturales protegidas y los territorios indígenas. A esta depredación, incentivada en algunos casos por políticas de estado cuestionadas, hay que añadir la sequía que afecta a varias regiones del país y los incendios forestales que, si bien no han superado las cifras de los años anteriores, han arrasado con más de 800 mil hectáreas de cobertura vegetal, según un informe del Ministerio de Defensa de septiembre de 2022.
Las protestas de los pueblos indígenas han sido una constante durante el año, sobre todo para denunciar las amenazas de la minería, hidroeléctricas y, principalmente, los avasallamientos o invasiones de sus territorios que se han convertido en una nueva pesadilla. Proyectos emblemáticos como la hidroeléctrica Rositas o la exploración de gas en la Reserva Nacional Tariquía han estado en el centro de las protestas y seguirán estándolo por los próximos meses.
Estas son las deudas ambientales que Bolivia ha acumulado el pasado año y que la publicación ha seleccionado con la participación de especialistas y ambientalistas que analizan los problemas, las amenazas y los aciertos que han marcado los 365 días del 2022. «Históricamente, en el período de 2000 al 2015, la deforestación en Bolivia alcanzaba alrededor de 200 mil hectáreas por año, pero en el último tiempo, principalmente en el período 2021 y 2022, la deforestación está por encima de 250 mil hectáreas, de hecho, en el monitoreo que hicimos para 2022, se registraron 270 mil hectáreas deforestadas», dice Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) de Bolivia.
Quintanilla explica a Mongabay que entre las causas de la deforestación está la entrega de tierras estatales sin considerar la vocación forestal que pueden tener estos territorios. «Si bien se presenta como un derecho de acceso a la tierra, termina transgrediendo los bosques para cumplir una función económica y social. La interpretación de las autoridades es que se debe eliminar los bosques para cumplir con la función económica y social, por eso, legalizan la distribución de la tierra», agrega.
El estudio La Amazonía contra reloj: un diagnóstico regional sobre cómo proteger el 80% al 2025, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) -en coalición con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Stand.earth- señala que Bolivia es uno de los dos países, junto con Brasil, que presenta la mayor cantidad de destrucción de sus bosques amazónicos. Y estos no solo están desapareciendo en la Amazonía boliviana, sino también en otros ecosistemas como el bosque seco chiquitano. Quintanilla precisa que del total de la deforestación que ocurre en Bolivia, el 75% corresponde a Santa Cruz, un departamento con una gran diversidad de bosques -entre ellos los bosques secos chiquitanos- y con una importante extensión de áreas protegidas y territorios indígenas.
En el tema de la minería, Mongabay señala que «lo más preocupante de este año ha sido el grado de permisividad del gobierno con la minería aurífera y el acuerdo al que llegaron con el sector cooperativista aurífero para permitir el ingreso a las áreas protegidas, de acuerdo a Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). Campanini menciona también las protestas de las cooperativas auríferas que en octubre de 2022 paralizaron La Paz. La huelga se inició porque el gobierno proponía que los impuestos por la exportación de oro sea de 5%, mientras que los mineros no querían pagar más de 4.5%. El paro llegó a su fin cuando el gobierno y los mineros firmaron un acta que establecía un máximo de 4.8 % de impuestos a las exportaciones auríferas. En este acuerdo también se incluyó la revisión de los planes de manejo de tres áreas protegidas, por parte del Ministerio de Ambiente y Agua: el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi; el Área natural de manejo integrado Apolobamba y el Parque Nacional y Área Natural de manejo integrado Cotapata. Esto, según los expertos y líderes indígenas, con el fin de ampliar a futuro las zonas para la extracción de oro dentro de estas áreas protegidas.