El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este sábado una ley sobre el censo de población y la envió al Senado para su análisis, mientras Santa Cruz cumple 36 días de huelga por el empadronamiento.
La sesión instalada el viernes en la noche concluyó esta madrugada con la aprobación del proyecto «tanto en grande como en detalle por más de dos tercios de voto de los diputados asistentes, que han sido 119 los votantes», dijo a los medios el presidente de la Cámara baja, el oficialista Jerges Mercado.
«La Cámara baja ha cumplido con el pueblo boliviano aprobando la ley de aplicación de los resultados del censo de población y vivienda en los ámbitos financiero y electoral», sostuvo.
Mercado aseguró que la norma se tramitó «escuchando la necesidad de la ciudadanía boliviana, particularmente de las grandes mayorías de Santa Cruz que estaban sufriendo el embate de un paro cívico» que causó «mucho daño económico», además de «luto, heridos y dolor».
También expresó su deseo de que con la aprobación de la ley en Diputados «inmediatamente se suspendan las movilizaciones en Santa Cruz», pues la ley será enviada al Senado y «no existe ninguna razón para continuar» con la huelga.
Según los medios locales, de los 119 diputados asistentes, 93 votaron a favor, 23 rechazaron el proyecto y hubo dos votos en blanco y uno nulo.
El proyecto aprobado señala que con los resultados del censo se realizará la distribución de los recursos de coparticipación tributaria a partir de septiembre de 2024.
Además, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá los datos finales al Tribunal Supremo Electoral para que se elabore un proyecto de ley sobre la distribución de escaños parlamentarios para su aplicación en las próximas elecciones generales previstas para 2025.
La votación fue secreta, pero en el debate previo algunos diputados oficialistas identificados con la facción cercana al expresidente Evo Morales, manifestaron su rechazo a la norma siguiendo la línea dictada en días pasados por el exmandatario desde la dirección del Movimiento al Socialismo (MAS).
Esta semana la dirección del MAS manifestó en un comunicado su oposición a la aprobación de la ley tras considerar que la «derrota» de los sectores cívicos y líderes de Santa Cruz que impulsan la huelga por el censo debe ser «clara» y que una norma podría presentarse como una «supuesta victoria» después de más de un mes de paro.
El Gobierno de Luis Arce había fijado inicialmente el censo para este mes, pero en julio lo postergó para 2024 argumentando «problemas técnicos y la necesidad de «despolitizar» el proceso, lo que provocó la protesta sobre todo en Santa Cruz, que exigió inicialmente con su huelga que el empadronamiento sea en 2023.
Los líderes cívicos, quienes finalmente aceptaron que el censo se realice en 2024, han señalado que esa medida de presión continuará hasta que se promulgue la ley.