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lunes, enero 17, 2022
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Libertad de conciencia, y derecho a la salud

La primera semana de 2022 fue dura para los bolivianos y pasó veloz y sin tregua para los médicos que atienden cada vez a más contagiados, sufren bajas y reclaman estrictas medidas de bioseguridad, y en algunos distritos hasta se sugiere el encapsulamiento. También se intensificó la vacunación y los llamados a evitar las aglomeraciones, cuidar el distanciamiento social, usar mascarilla, además de haberse asumido la controversial determinación de impedir el ingreso a locales públicos a personas que no porten certificados de vacunación o pruebas de que no están enfermos con la covid-19. Junto a otras limitaciones vigentes, estas medidas merecieron aprobación de mucha gente e instituciones, pero también generaron resistencia, por lo que la obligación quedó en suspenso.

Como inferencia de lo que pasa en el país es notoria la voluble posición del gobierno que se precipita al determinar acciones de dudosa legalidad, para luego retroceder, demostrando que, o desconoce las normas y procedimientos legales, o deliberadamente pretende actuar por encima de ellas. Efectivamente, ante las inmensas filas de la población para inmunizarse y la presión de varios sectores y organizaciones sociales, el Gobierno decidió que ya no será obligatorio presentar el carnet de vacunación hasta el 26 de enero. El Magisterio Rural, los Gremiales, el Comité Cívico de El Alto, el Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, organizaciones campesinas, interculturales, y otros grupos rechazaron la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación.

La medida formaba parte de las precauciones de protección dispuestas por la actual administración pero que, contradictoriamente, al mismo tiempo de exigir control, las propias autoridades alientan e inducen las reuniones masivas en las que se elude el distanciamiento social. Las aglomeraciones y las interminables filas de gente en las oficinas de tránsito para efectuar diversos trámites representan una invitación al contagio, lo mismo que las «colas» de gente que quiere vacunarse. No hay control en los mercados, y solamente en bancos y algunas instituciones se respetan las medidas de bioseguridad. El resultado de este descuido es la escalada de infecciones por coronavirus, el colapso de algunos centros médicos y la muerte que vuelve a enlutar al país. Solamente en la cuarta ola, más de 800 personas murieron, y algo que preocupa, el 80% de los fallecidos, fueron los que no se vacunaron. Igualmente, entre los nuevos casos de contagio, la mayoría corresponde a no vacunados.

Bolivia se encuentra soportando una escalada de infecciones por coronavirus que lamentablemente no es casual, porque es consecuencia de que fueron ignoradas las recomendaciones y advertencias de los médicos, de los científicos y de los organismos internacionales. En un día los nuevos contagios promedian los diez mil casos. Desgraciadamente se cumplieron los pronósticos de los especialistas sobre los riesgos, luego de las liberalidades que se dieron en el país y que todavía siguen, entristece ver aprestos para los carnavales mientras los hospitales se llenan. De nada sirven las recomendaciones de los científicos, ni la propaganda que pide a la gente que se vacune y que se cumplan las medidas de bioseguridad, cuando con hechos concretos y con ejemplos se alienta a hacer lo opuesto. Hay casos de autoridades que exponen argumentos irracionales al haberse resistido a la vacunación. La amplia difusión de lo que está pasando en el mundo con la expansión de las mutaciones del coronavirus y las restricciones que se han dispuesto en Europa parece que no inmutaron a las autoridades ni a alguna gente. Nuestro país se encuentra rodeado por vecinos donde la variante ómicron está presente. Chile, Brasil, Perú, Argentina y Paraguay confirmaron que la nueva mutación ya llegó a esos países. Se trata de una variante del coronavirus que logra una propagación más rápida.

Esta realidad justifica la declaratoria de emergencia sanitaria nacional que permite la adopción de ciertas medidas para proteger la salud y la vida de la población. Pero en lugar de respetar las normas, se apela a improvisaciones como la obligatoriedad del certificado de vacunación, que ha dado pie a quienes objetan la vacunación. Debe señalarse que se argumenta la objeción de conciencia, que se basa en las razones fundamentadas para rechazar, negar o impedir que se lleve a cabo alguna determinación. El derecho internacional reconoce la facultad de toda persona a plantear excepciones al cumplimiento de deberes jurídicos cuando su aplicación implique una contravención de las convicciones personales ya sean religiosas, morales o filosóficas. El D.S. controversial aprobado por el gobierno no obliga directamente a la gente a vacunarse, pero la exigencia de presentar un certificado de vacunación o prueba de que está sano, invade el régimen de derechos de las personas y principios de igualdad. Inclusive cae en una figura de discriminación. Pero al mismo tiempo, el gobierno tiene la obligación de proteger la salud de la población y en circunstancias excepcionales puede apelar a algunas restricciones, pero para ello debió hacer aprobar una norma concreta desde la Asamblea Legislativa.

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