Los líderes cívicos de Santa Cruz analizarán este miércoles si el paro que ese departamento mantiene hace 33 días se levanta o si se adoptarán medidas más drásticas para lograr que el Parlamento apruebe una ley sobre el censo de población.
La huelga mantuvo su rigor esta jornada con varios puntos de bloqueo callejero al modo de trincheras con alambres, promontorios de tierra y escombros, con los que se impide el tránsito de automóviles, motocicletas y bicicletas.
Algunos manifestantes incluso han puesto condiciones para la circulación de ambulancias, puesto que revisan su interior para constatar que haya un paciente que requiere atención y luego les permiten seguir su rumbo, mientras que también se puso restricciones a la circulación de la prensa, según constató EFE.
También es evidente el cansancio y la tensión en la población que mantiene los puntos de bloqueo que, así como pide que el Parlamento apruebe una ley que asigne la fecha del empadronamiento, también sostiene que se mantendrá en huelga el tiempo que sea necesario.
Evaluación de las medidas
El líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo a los medios que la protesta de su región logró «revertir la agenda» y «doblar la mano» al Gobierno de Luis Arce, pero también que el paro «es el inicio de una lucha» que continuará.
Camacho aseveró que se «logró» el «90 %» de las demandas cruceñas relacionadas con la distribución de recursos y configuración de un nuevo mapa electoral para la asignación de escaños parlamentarios con base a la entrega de resultados del censo en septiembre de 2024.
El gobernador precisó que el pedido inicial para que el empadronamiento se haga en 2023 terminó siendo el «concho» o sobra de las reivindicaciones de su región y que lo importante ahora es que «los plazos se ajusten» a la entrega final de datos.
Los líderes cívicos y del Comité Impulsor del Censo de Santa Cruz se reunirán en las próximas horas para anunciar «si hay medidas (o) si no hay medidas», enfatizó Camacho.
No obstante, consideró que la ley censal que ahora está a consideración del Parlamento tiene que aprobarse «para la tranquilidad del pueblo».
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debe analizar los proyectos para la elaboración de una ley sobre el censo, una tarea que por el momento está paralizada sin fecha debido a unos incidentes entre legisladores de la oposición, que pidieron una sesión permanente, y del oficialismo.
Para la aprobación de esa ley es importante la decisión que tome la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), dividida entre legisladores que consideran que una ley ayudaría a solucionar el conflicto y quienes aseguran que basta con un decreto presidencial.
El presidente Luis Arce anunció que el censo se realizará el 23 de marzo de 2024 y que la entrega de los resultados se efectuará en septiembre de ese año para la distribución de recursos y actualización de escaños parlamentarios.
Inicialmente, el Gobierno determinó que el censo debía efectuarse el pasado 16 de noviembre, pero lo postergó para 2024 bajo el argumento de «problemas técnicos» y la necesidad de «despolitizar» el proceso.
El Gobierno estableció que el paro ha generado una pérdida de al menos 780 millones dólares junto al incremento del índice de inseguridad alimentaria que estaba en un 57,8 %, antes de la protesta, a 60,2 % a los 33 días de su duración.