La acción de una exlegisladora es una de las razones del nuevo episodio de polarización política en el país por la denuncia que se conoce como el caso «golpe de Estado» y que ha derivado en el encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus exministros.
Lidia Patty, una exparlamentaria del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, presentó ante la Fiscalía en noviembre del año pasado una denuncia por sedición, terrorismo y conspiración contra los que considera fueron promotores de la crisis política y social de 2019 y que ha ido cobrando algunas responsabilidades.
Opositores como el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis, exjefes militares y policiales fueron parte en primera instancia de un caso que luego se extendió a la expresidenta interina Jeanine Áñez y a varios de sus excolaboradores, algunos en prisión mientras que otros están en la clandestinidad.
«No soy un títere»
«Dicen que soy títere, que soy marioneta, que me manejan, que soy solo un objeto», mencionó Patty en una entrevista con Efe, por los señalamientos que dijo vienen de la «derecha» y que aseguró no son ciertos.
La exlegisladora mencionó que «en ningún momento» ha recibido órdenes de su partido MAS o del exmandatario Morales para activar la denuncia o ampliarla como aconteció una vez, sino que todo se basa en lo que vio y en la premisa de que «hubiese sido juzgada» por su pueblo o tachada de «golpista» si no hacía nada.
Patty justificó que su denuncia haya sido un año después ya que como parlamentaria, siguiendo los «procedimientos» legislativos, propuso procesos por responsabilidades en el anterior Parlamento, petición que «no ha sido viable», y posteriormente esta siguió el curso de la justicia ordinaria.
Justamente, este proceso contra Áñez y algunos de sus exministros se basa en hechos suyos como legisladores y en el ejercicio del Gobierno interino como las muertes de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) que, según los expertos en derecho, debieran seguir un juicio especial de responsabilidades.
Los signos del «golpe de estado»
Uno de los dilemas profundos en Bolivia es si la crisis de 2019 fue un «golpe de Estado» como sostiene el Gobierno y el MAS o si en realidad todo se activó como resultado de un supuesto fraude electoral respaldado en la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) y que identificó irregularidades en los comicios en los que Morales fue declarado ganador.
A juicio de Patty, el supuesto golpe no se gestó en los días de protestas contra Morales que van del 21 de octubre al 10 de noviembre de 2019, sino que los opositores «lo han planificado desde el 21-F» o el referéndum de 2016 que negó al Gobierno la modificación de la Constitución para habilitar la reelección.
La exdiputada arguye que los signos del «golpe de Estado» fueron la «autoproclamación» de Áñez como presidenta interina ante un Parlamento sin muchos de sus congresistas y las trabas que puso el Gobierno en ese momento para evitar que la mayoría de legisladores del MAS ingresara a esa y otras sesiones.
Una investigación que mostrará más
La denuncia de Patty ha estado enfocada principalmente al exlíder cívico Camacho, sin embargo, esa región ha cerrado filas por medio de sus organizaciones cívicas para impedir lo que se ha considerado una «persecución política».
La detención de Camacho «está en manos de la justicia (…) la justicia decidirá quién tiene la culpa y quién ha cometido delito, yo solo he puesto una denuncia», recalcó tras ser consultada sobre las acciones de la Fiscalía ante el principal denunciado.
Patty sostuvo que la investigación «va a desatar los nudos que hay ahora» en referencia a quienes considera participaron en el supuesto «golpe de Estado» ya que falta que muchas personas declaren, entre ellos los testigos, entre los que están el expresidente Morales y varios exministros suyos, según se indicó en las audiencias que se celebraron sobre el caso.
La exlegisladora dijo que hubo países, varias ONG e instituciones bolivianas que «han sido partícipes» y que debe saberse «quiénes han financiado» lo que consideró un «golpe de Estado» contra el expresidente Morales.