Es lamentable que la empresa Ciesmori hubiera adelantado criterio sobre porcentajes que hubieran obtenido quienes participaron en las elecciones generales como candidatos de diferentes partidos y agrupaciones políticas.
De acuerdo a La Ley de Régimen Electoral, el TSE tiene 7 días para dar a conocer oficialmente los resultados generales, previa constatación de los informes y votos computados en cada departamento.
No solo que ha generado incertidumbre y desconfianza sobre la realidad de lo acontecido el 18 de octubre, cuando el pueblo boliviano acudió a las urnas en forma ordenada, con disciplina y sabiduría de lo que iba a marcar para que haya convivencia pacífica en Bolivia y no se someta a los Órganos del Estado a voluntad de los gobernantes, sino que haya independencia de Poderes y fiscalización del Legislativo.
El haber permitido que a título de primicia se haya dado a conocer datos no oficiales, generado por una empresa encuestadora que recibió pago, a no dudarlo, de quienes le exigieron haga conocer los resultados, con porcentajes de error, debía ser sancionado por el TSE, toda vez que la fe del Estado en materia electoral, se concentra y confía en las acciones y actuados del Tribunal Supremo Electoral.
La población se halla en la disyuntiva de creer o no creer, pero la duda, la sospecha está plasmada en la prisa sospechosa en que incurrieron los representantes de Ciesmori.
Por ello es rescatable la prudencia en sus declaraciones de los candidatos de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que expresaron su complacencia por la excelente conducta democrática demostrada por la ciudadanía en general, pidiendo que se dé a conocer los resultados oficiales emanados del TSE para ellos después dar a conocer su posición política, previa constatación de cuantos senadores y diputados corresponde a cada partido.
Bolivia ha ingresado en la duda razonable, pero en fin, el TSE al no ser claro en cuanto a encuestas y el momento y día en que podían dar a conocer sus trabajos, ocasionó confusión y que puede ser objetado, porque ya se habla de sospecha de confabulación, que de ser cierto podría significar otra clase de actitud y comportamiento de los electores.