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viernes, julio 19, 2024
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Los conflictos sociales se intensifican

Pese a los reclamos de diversas organizaciones sociales, el gobierno continúa con su intención de aprobar un paquete de normas que son resistidas por la población. Varios grupos iniciarán movilizaciones hoy, martes, exigiendo que el gobierno desista de aprobar leyes que atentan a los derechos ciudadanos y las libertades. En la Asamblea Legislativa se encuentran en proceso de aprobación leyes que buscan aplicar figuras penales sobre terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes, y hasta penalizan las protestas sociales. Asimismo, varios sectores laborales se oponen a que el gobierno maneje los ahorros de los trabajadores mediante la Gestora Pública de Pensiones.

Las movilizaciones que se anuncian se efectuarán en casi todas las ciudades más densamente pobladas del país, y de hecho ya comenzaron en Santa Cruz, donde el pasado fin de semana vecinos «autoconvocados» y activistas bloquearon diferentes rotondas y vías de esa ciudad, protestando por los proyectos de ley que anunció el Gobierno, y en apoyo a maestros y médicos. Asimismo, el Comité pro Santa Cruz convocó para este martes a una movilización en la capital cruceña. Los proyectos de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, motivan la reacción por contener normas que dan paso a interpretaciones subjetivas y atentatorias a la libertad de expresión. El Colegio Médico de Bolivia también anunció una marcha para hoy en rechazo al paquete de leyes y en apoyo a los maestros. Asimismo, se oponen a la Ley 065 que establece la administración del Sistema Integral de Pensiones mediante la Gestora.

Mientras tanto, los maestros anunciaron que reiniciarán sus protestas contra la nueva malla curricular y en demanda de más ítems y presupuesto. El Ministerio de Educación anunció que convocará a un nuevo diálogo. Ya son más de seis semanas de protesta, en las que los docentes denunciaron que sufrieron represión de la policía, dejando cien maestros heridos, la mayoría mujeres, según el dirigente de la Federación del Magisterio Urbano de La Paz, Alex Morales. También denunciaron detención y procesos judiciales ilegales. El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (Cteub), Rolando Reynoso, afirmó que, pese a estos abusos del Gobierno contra los maestros, el sector continuará sus protestas, hasta que se suspenda la aplicación de los nuevos contenidos de la malla curricular, se asigne más ítems y se cubra por lo menos el 50% del déficit histórico.

Recordemos que otros sectores de la población también se pronunciaron en contra del paquete de leyes, entre ellos los gremiales y los transportistas. La conflictividad social en nuestro país se mantiene con las mismas motivaciones durante mucho tiempo. El origen de los conflictos es diverso, pero existen elementos que avivan los problemas. En determinado momento fueron los médicos y trabajadores de salud que iniciaron movilizaciones contra decisiones del gobierno que afectaban a ese sector, pero que resultaron ser mucho más profundas al coartar los derechos y libertades de todos los ciudadanos, lo que derivó en movilizaciones de gran parte de la comunidad nacional, logrando que se deroguen las medidas. Lo mismo ocurrió con una ley que aparentemente buscaba combatir el lavado de activos, pero que incluía alcances que afectaban las libertades de la gente. Las demandas por el censo, o las últimas movilizaciones surgidas en Santa Cruz, tuvieron componentes diversos que van de lo económico a lo político y regional. Ahora, son los maestros los que están en las calles en demanda de un mayor presupuesto para el sector y en protesta por la imposición de una malla curricular educativa con alto contenido político partidista.

Pero la conflictividad mantiene latentes otros problemas que quedaron sin solución, como los cocaleros de los Yungas, que en cualquier momento pueden volver a las calles. Potosí está en emergencia, y la población alterada por la división partidista, las agresiones a dirigentes, la muerte de cívicos, y varias demandas de la población potosina que fueron desatendidas y defraudadas, como las aguas del Silala, o la exigencia de una ley que aumente la participación en las potenciales regalías por el litio. Simultáneamente, se observan los proyectos del gobierno para la explotación de la riqueza del salar de Uyuni. Como se puede reconocer por todos estos antecedentes, la conflictividad es permanente. En el ritmo actual, no sería extraño que surjan demandas salariales por la pérdida del poder adquisitivo.

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