La Constitución Política del Estado proclama que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultada e informada previamente sobre decisiones que pudiesen afectar a la calidad del medioambiente. Lamentablemente, cada vez el gobierno se aleja más de su tesis original de defensa de la Madre Tierra y entra en directa contradicción con el mandato de la CPE que en el Art. 342 y siguientes, hasta el 347, entre otros mandatos, establece que «Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medioambiente.
Todo el caudal de principios sobre la protección a la naturaleza y convivencia armónica con los ecosistemas que el gobierno de Evo Morales expuso al mundo, ganándose la simpatía general, hoy quedan expuestos al escrutinio nacional e internacional mostrando que una cosa es lo que se dice, propone y promete, y otra muy diferente la que se hace. Los ejemplos son muchos. El más reciente es la contaminación que genera el complejo petroquímico de Bulo Bulo.
Efectivamente, el Gobierno y la empresa estatal YPFB se contradicen sobre la contaminación del arroyo Muñeca, aparentemente generada por la planta de urea, ubicada en la localidad de Bulo Bulo, Cochabamba. Mientras desde el Viceministerio de Medio Ambiente se sostiene que el complejo petroquímico es seguro, y que debido a su tecnología, no precisa de un sistema de tratamiento de aguas, desde YPFB indican todo lo contrario; sostienen que la industria cuenta con dos piscinas de tratamiento de aguas, que luego son devueltas al riachuelo, pero con residuos mínimos de amoníaco, según publicaciones de prensa.
A esto se sumaron las denuncias de pobladores afectados por la posible contaminación del manantial. Pero no es el único caso, la decisión de entregar a transnacionales las áreas protegidas del país para la explotación de recursos naturales; la machacona decisión de hacer una carretera afectando el TIPNIS; el anunció de entregar la Amazonía a cooperativistas auríferos y otras decisiones que afectan el medioambiente y a la madre tierra son pruebas de un cambio radical de posición.
Los indígenas no quieren la carretera por el TIPNIS, ni que los cocaleros la invada, y menos que las transnacionales se metan a su selva para explotar hidrocarburos, pero se ve que de nada vale su opinión para el gobierno, porque sin retoques ni figuras literarias cosméticas, se ha expuesto una posición que no va de acuerdo con la CPE ni la Ley 071 de defensa de la Madre tierra, que establece principios de obligatorio cumplimiento.
A fin de fundamentar la necesidad de proteger la tierra, citamos algunos principios que manda la ley, entre ellos, el de la Armonía, que obliga a que «las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la diversidad, deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Madre Tierra». Otro principio de los derechos de la Madre Tierra, señala que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie. Asimismo, establece que «la Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los derechos de la Madre Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes…»
Recordemos que se ha anunciado la construcción de serie de represas y complejos hidroeléctricos, concesiones para la búsqueda de hidrocarburos en áreas protegidas, y otros proyectos que de una u otra manera no van con la estructura legal establecida en el país, ni son proyectos amistosos con el ecosistema.