El 26 de agosto se recuerda en Bolivia El Día de las personas de la tercera edad instituido por Decreto Supremo N° 1421 del 17 de diciembre de 1948, emitido por el presidente Enrique Hertzog Garaizabal y se encuentra ratificado como Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en todo el Estado Plurinacional de acuerdo a la Ley 369, del 1 de mayo de 2013. En el plano internacional las Naciones Unidas, en 1992 definió los principios más importantes a favor de las personas mayores, como tener independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad de una vida plena.
En Bolivia, pese a existir diferentes normas que establecen atención preferencial a las personas mayores en salud, jubilación, atención en servicios y otros, en la realidad nada se cumple, se discrimina a los mayores en empleo, los transportistas los abusan y pocas instituciones cumplen las normas. No hay registros de que un transgresor a estas normas hubiese sido sancionado.
Precisamente el pasado fin de semana, los Adultos mayores, representantes de los nueve departamentos de Bolivia, recorrieron las principales calles de la ciudad de La Paz para exigir respeto a sus derechos en cuanto a la atención preferencial en hospitales y en los servicios de transporte público. La actividad fue organizada en el marco del séptimo encuentro nacional del sector.
El presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo), Freddy Gutiérrez denunció que en los hospitales hacen madrugar a las personas mayores para sacar ficha de atención, y el trato que se brinda es discriminatorio y torpe. También dijo que la discriminación es notoria en los servicios de trasporte, en los que, según la Ley General de las Personas Adultas Mayores, deben tener tarifas preferenciales, pero, los choferes no cumplen con la disposición y otros prefieren pasar de largo para evitar recogerlos en sus vehículos.
Más de un millón de personas con más de 60 años de edad en nuestro país requieren que se cumplan las normas de protección. Pese a las recomendaciones y determinaciones que la Organización de Naciones Unidas, en muchos países como el nuestro, son más las buenas intenciones que una eficiente aplicación de las medidas dirigidas a proteger a los ancianos.
La ONU en varias oportunidades ha exhortado a que las sociedades deben aprovechar el talento y la contribución de esta generación para el logro de la Agenda 2030. La ONU señala que la composición de la población mundial ha cambiado de manera espectacular en los últimos decenios. En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.
La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato a las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores.
Tales formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas por sus sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos que limitan su potencial y afectan a su salud y bienestar. El fracaso para hacer frente a la exclusión a las generaciones anteriores socava los derechos de las personas mayores y dificulta su contribución a la vida social, económica, cultural y política.
Cuando la ONU estableció el Día del Adulto Mayor, se decía que el mundo entero saldrá beneficiado si se aprovecha su potencial y su experiencia. Lamentablemente, lejos de cumplirse ese objetivo, ha crecido la discriminación por edad, como una de las peores formas de segregación, especialmente al derecho al trabajo. En Bolivia la discriminación por edad está derivando en actos delictivos, que van desde malos tratos familiares, abusos en asilos, trabas para conceder autorizaciones para conducir, «depuración» en el padrón electoral, límites de edad para contratar profesionales y otras formas ominosas de exclusión.