No hay día en el que se conozcan hechos que devienen de las deficiencias en los sistemas de salud. En este momento, los enfermos de cáncer están abandonados; no se paga los servicios de atención a pacientes renales que fueron transferidos a centros privados, otro paro médico deja sin atención a la gente, mientras uno de los problemas más agudos del país continúa desatendido o manejado demagógicamente. En varias oportunidades se han efectuado propuestas de mecanismos para mejorar la atención médica en el país, pero más ha podido la falta de voluntad de solución.
La salud de la población boliviana está en permanente riesgo por la debilidad institucional de los organismos encargados de velar por la sociedad, pese a que la Constitución Política del Estado determina que el sistema de salud es único en el país, y el Art. 37 señala que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Asimismo, la CPE determina el derecho de todos los ciudadanos a la seguridad social y en el Art. 45 dispone la unidad de gestión. No obstante ello, el Gobierno elude su responsabilidad, mientras médicos y trabajadores de salud demuestran su indolencia.
Los males de sistema de salud y de la seguridad social en el país son endémicos y ningún Gobierno ha podido encontrar soluciones. Se trata de la ausencia de voluntad política para cumplir con el mandato de la CPE de hacer que la salud de la población sea en verdad una prioridad. Se prefiere hacer canchas de fútbol, aeropuertos que no se usan, palacios y edificios suntuosos, mientras estudios internacionales califican a Bolivia como un país carente de políticas de prevención, al extremo que se considera que nuestro país no está preparado para afrontar una pandemia.
Todos los esfuerzos por hacer que el sistema de salud funcione han sido demagógicos o sin sustento. Ni médicos ni trabajadores y menos el Gobierno han aportado soluciones realistas. Uno de los últimos aportes para intentar mejorar los sistemas de salud, fue difundido recientemente por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) que propuso tres bases para la creación de un Seguro Universal de Salud con alcance nacional.
Propone la integración de todos los subsectores del sistema (público, seguridad social de corto plazo, ONG y privado) y de todos los niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel); la concentración de los recursos financieros, que pueden ser contributivos, es decir aportes de los asegurados, y no contributivos que provienen de fondos públicos y fondos privados no lucrativos. Finalmente, Cedla sugiere la participación del Estado en el financiamiento del Seguro Universal de Salud, que debería cubrir la infraestructura y equipamiento, el gasto corriente en personal, insumos y medicamentos, para todos los niveles de atención.
Asimismo, sugiere que el seguro de salud se financie en parte a través de una prima anual per cápita para todos los ciudadanos, que garantice la atención en cualquiera de los prestadores públicos, independientemente de si pertenecen al nivel municipal, departamental o central del Estado o de instituciones sin fines de lucro. Los planteamientos están en la publicación titulada «La calidad en salud. Los caminos abiertos por el Susat en Tarija» elaborada por el Cedla.