Hastiados de la precaria situación económica que vive el país, los libaneses protagonizaron ayer una nueva jornada de manifestaciones en las calles en rechazo a la corrupción y la mala gestión del Gobierno, que busca dar respuestas a las demandas.
Alzando únicamente la bandera libanesa, un hecho casi inédito en un país donde los emblemas de las formaciones políticas dominan casi siempre las concentraciones, miles de manifestantes salieron de nuevo a las calles de Beirut y otras ciudades del país como vienen haciendo desde el jueves.
Protestan contra la corrupción y piden la dimisión de la clase dirigente, que 29 años después del término de la guerra (1975-1990) no ha conseguido que la población tenga 24 horas de electricidad y no haya que racionar el agua.
En un país con una deuda de 86.000 millones de dólares, alrededor del 150% del PIB, el jueves el Gobierno anunció nuevos impuestos incluida una tasa a las llamadas por plataformas de mensajería por internet y la gente se echó a la calle.
Durante el día las manifestaciones de la que ha sido llamada como «Revolución del WhatsApp» han sido pacíficas pero durante las noches la tensión ha sido alta y se han producido enfrentamientos entre Policía y manifestantes.
Fuentes de la Cruz Roja Libanesa afirmaron que solo en Beirut al menos 23 personas fueron trasladadas a los hospitales mientras que otras 70 fueron tratadas en el lugar, con lo que el número de víctimas desde el jueves asciende a dos muertos y más de un centenar de heridos.
Sin embargo las autoridades han intentado rebajar la tensión. Ayer la Policía anunció que todos los detenidos en las protestas han sido liberados, salvo dos personas con cuentas pendientes con la justicia.
El ejército libanés expresó su solidaridad con las reivindicaciones de los manifestantes pero les instó a expresarse de modo pacífico y no atentar contra los bienes públicos y privados, así como no oponerse a las fuerzas de seguridad para no complicar la situación.
El primer ministro, Saad Hariri, se colocó ayer del lado de los manifestantes desentendiéndose de cualquier responsabilidad y exigiendo a los partidos de la complicada coalición de Gobierno que destraben las medidas y reformas en el lapso de 72 horas.
La medida ha sido entendida como una amenaza de renuncia de un Gobierno que tardó en formarse nueve meses y apenas ejerce desde enero.
El líder del grupo chií libanés, Hasan Nasralá, manifestó su rechazo a una posible renuncia del Gobierno libanés asegurando que el tiempo para resolver la crisis apremia.
«No apoyamos la dimisión del actual gobierno. Si dimite no habrá uno nuevo antes de uno o dos años y el tiempo apremia», dijo Nasralá.
Nasralá señaló que «la formación de un nuevo gabinete político nada cambiará y solo hará perder tiempo mientras que uno de tecnócratas, como algunos solicitan, no durará más de dos semanas y ellos serán los primeros en pedir su dimisión».
«El problema no está al nivel de la composición del gobierno sino en el modo de trabajar», agregó, instando a «adoptar un plan en que todos hagan sacrificios y no sólo el pueblo. Defenderemos todas las medidas y reformas difíciles si son honestas», manifestó.
En lo que pareció una referencia a Hariri, Nasralá indicó que «todos los que están en el poder deben asumir, a grados diferentes, lo que sucede en la actualidad».
«Existen dos grandes peligros, uno el desplome económico y monetario y el otro una deflagración popular sobre todo por los nuevos impuestos a la clase pobre o de ingresos limitados», indicó.
Pero los manifestantes están determinados a no abandonar su lucha como dijo a Efe Fadi, un joven de 18 años: «el hambre nos sacó del letargo en el que estábamos y ahora estamos determinados a proseguir nuestro combate hasta que reconozcan nuestros derechos y respeten nuestra dignidad».