Las advertencias lanzadas por el oficialismo a la oposición al concluir la llamada «marcha por la patria», liderada por el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, generaron críticas este martes, sobre todo por las amenazas a Santa Cruz.
Las críticas apuntaron a las advertencias de los dirigentes sindicales contra los líderes opositores por la huelga de nueve días contra una ley que finalmente fue abrogada y que para el oficialismo fue un supuesto intento de un «golpe de Estado» contra el Gobierno de Arce.
El más cuestionado fue el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Juan Carlos Huarachi, por sus advertencias en la víspera de marchar a Santa Cruz, el motor económico del país y bastión opositor que concentró las recientes protestas, y «nacionalizar todas las industrias y todas las empresas» cruceñas.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz rechazó en un comunicado «las amenazas de las organizaciones sociales» del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) de «tomar por la fuerza las fábricas, empresas e industrias» cruceñas.
Estas amenazas son «inadmisibles, reprochables e inconstitucionales» y «solo intentan generar un clima de odio, división y convulsión» después de que el paro «frenara la puesta en vigencia de la ley 1386 por ser atentatoria a los derechos ciudadanos», agrega la nota.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó en un comunicado su «repudio» ante estas amenazas contra la propiedad privada y criticó los dichos de Huarachi cuando el país requiere atención «urgente» ante necesidades de «salud, empleo, mejores ingresos y estabilidad».
«Los discursos de confrontación que ponen en cuestión derechos fundamentales como la seguridad jurídica y las advertencias sobre temas tan delicados como la afectación de la propiedad y la libre iniciativa privada ocasionan incertidumbres, desincentivan la inversión y destruyen el clima de negocios», lamentaron los privados.
Reacciones políticas
El expresidente Carlos Mesa sostuvo en Twitter que «ni las peores dictaduras ni los gobiernos más infames habían llegado al despropósito de promover el odio contra los habitantes de un departamento y amenazarlos con una agresión generalizada».
«Rechazo la intimidación masista a Santa Cruz y las advertencias de asaltar sus empresas», agregó el también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC).
También en Twitter, el expresidente Jorge Quiroga aseguró que Evo Morales y Luis Arce «odian mucho a Santa Cruz y quieren muy poco a Bolivia».
«Marchan —con vagonetas y funcionarios obligados— para agredir y polarizar, para perseguir al líder cívico y amenazar con expropiaciones, para enjuiciar» a la expresidenta interina Jeanine «Añez y «liberar» a Gabriela Zapata, la exnovia de Morales sentenciada por legitimación de ganancias ilícitas que obtuvo su libertad condicional en la víspera.
La liberación de Zapata en coincidencia con el arribo de la «marcha por la patria» a La Paz tras siete días de caminata por el Altiplano fue criticada por el gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho.
«A nadie le quedan dudas de que la Marcha por la Patria del masismo fue, en realidad, una maniobra de masas para reposicionar a Evo y al evismo. Por lo pronto, como primer efecto de la ‘gran marcha’ tenemos que Gabriela Zapata sale libre de la cárcel. ¡Qué grande que es el amor!», escribió Camacho en Twitter.
Denuncia municipal
La multitudinaria marcha convocada por el MAS, que concluyó con un mitin en la céntrica plaza paceña San Francisco, dejó destrozos en el ornato público y generó 6,2 toneladas de basura, dijo a los medios el secretario municipal de Gestión Ambiental de La Paz, José Carlos Campero.
«Son 5.500 platos y botellas plásticos, 1.200 unidades de botellas de vidrio, 4.000 unidades de latas de cerveza y 5,2 toneladas de otros residuos comunes», detalló.
Campero señaló que esta madrugada se efectuó un «operativo de emergencia» de cuatro horas para recoger la basura dejada por los manifestantes y limpiar la plaza y las calles aledañas que «han sido utilizadas como baños».
Este operativo más los gastos que se tendrán para reponer las jardineras dañadas tienen un coste equivalente a unos 3.700 dólares, agregó.