El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó ayer que al menos 20 funcionarios públicos entre jueces, fiscales y personal de apoyo judicial cometieron faltas graves y gravísimas, además de indicios de delitos penales en el caso del bebé Alexander.
Michel, junto a la magistrada Dolka Gómez, presentaron el informe de auditoría jurídica que realizó la Dirección Nacional de Control y Fiscalización sobre ese proceso.
«Entre jueces y personal de apoyo jurisdiccional son al menos 10 personas y 14 fiscales», informó Michel en conferencia de prensa.
El 13 de noviembre de 2014, el bebé Alexander, de ocho meses, perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio en un confuso episodio, que a la fecha no es esclarecido por las autoridades judiciales que son blanco de críticas por irregularidades y fallas para encontrar a los responsables.
Michel explicó que la auditoría jurídica se concentró en el análisis de todos los actuados procedimentales, pero no el fondo de la sentencia, porque esa labor le corresponde al Tribunal de Apelación de la ciudad de La Paz, donde está radicada esa causa.
«En su caso, le corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia, mediante su Sala Penal, instancias ordinarias y competentes para revisar a detalle la sentencia, ahora cuestionada, incluso le corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional en caso de que alguna de las partes considere vulnerados sus derechos y garantías constitucionales», complementó.
Michel detalló que los auditores jurídicos de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, valoraron 56 cuadernos judiciales, cada uno de 200 hojas y 11.200 hojas en total de fotocopias legalizadas de los expedientes.
Precisó que ese informe, establece indicios de responsabilidad penal, disciplinaria y administrativa de algunos operadores de justicia, además de la destituida jueza, Patricia Pacajes, y otros dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, que condenaron a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández sin pruebas fehacientes Por su parte, la magistrada Gómez, reveló que de las 13 fallas encontradas, siete corresponden a la etapa preparatoria y seis a la fase de juicio.
Precisó que en ese proceso, que duró más de tres años, hasta la emisión de la sentencia condenatoria, constataron que se suspendieron 106 audiencias de 221 agendadas.