La comisión legislativa que investiga supuestos sobornos en los casos Odebrecht y Lava Jato para construir carreteras en Bolivia, están respaldados por documentos que involucran al expresidente Carlos Mesa, aseguraron fuentes oficiales.
La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero, al frente de esa comisión, informó que tienen decretos firmados por Mesa (2003-2005) para licitar la vía Roboré-Puerto Suárez, su posterior división en dos tramos por el abogado Carlos Alarcón, entonces ministro de Obras Públicas, entre otros, con irregularidades.
Rivero destacó durante el programa El Pueblo es Noticia, de Bolivia TV, la conveniencia de esa repartición que concedió el tramo Roboré-El Carmen a la empresa Camargo Correa y El Carmen-Arroyo Concepción a Odebrecht.
Ratificó que fue en el gobierno de Mesa que se promulgaron seis decretos supremos, desde la instrucción de licitar la carretera Roboré – Puerto Suárez, hasta dividir esa carretera en dos tramos con su abogado, Carlos Alarcón, cuando era ministro interino de Obras Públicas.
Subrayó que esa carretera fue «convenientemente dividida» y adjudicada a la empresa Camargo Correa el tramo Roboré – El Carmen y El Carmen – Arroyo Concepción, a Odebrech.
Precisó que durante la investigación de más de cinco meses revisaron presupuestos, declaraciones juradas, y solicitaron también al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, administración donde comenzaron las negociaciones, y a Mesa, esclarecer esos temas por medio de un cuestionario. Alarcón fue invitado a venir y no acudió.
«El expresidente Mesa solo quiere distraer. (….) Aquí están los documentos, aquí están sus decretos firmados, y muchos viajes y coincidencias de sus colaboradores y plata irregular», remarcó.
La legisladora del MAS cuestionó al expresidente porque sus colaboradores no aclaran a que se debían tantas reuniones de alto nivel para resolver los pedidos de Odebrech, como -recordó-, relató el propio embajador brasileño, Antonio Mena, además de los movimientos inusuales y sospechosos en las cuentas bancarias, de Alarcón, que tiene 15 cuentas en 7 diferentes bancos en Bolivia.
Explicó que la comisión indagó, revisó impuestos, aportes a las AFPs, declaraciones juradas, en Derechos Reales y «todo lo que está por fuera de lo que son salarios, ventas e ingresos normales, lo que se denomina movimiento inusual y sospechoso».
Aclaró que la comisión no pide que enjuicien a Mesa, y ratificó que constató indicios que se deben investigar con mayor profundidad tomando en cuenta que es una denuncia grave, al recordar que esos casos de soborno han sucedido en todo el continente y han sucedido en Bolivia.
«El informe que mandamos el 2 de octubre dice que con estos indicios hay que investigar profundamente, porque cuando nos hemos reunido con el Fiscal General del Perú nos ha dicho, tengo información, pero no le puedo dar a una comisión investigadora parlamentaria, sino le tengo que dar a mi homólogo que es el Fiscal General de Bolivia», fundamentó.
«Aquí hay documentos, aquí hay pruebas, la asamblea tendrá que considerar nuestro informe, pero nosotros recomendamos con semejantes indicios que el Fiscal general de Bolivia tiene que activar la cooperación judicial, así se llama en términos jurídicos para que el fiscal que hay en Brasil pueda contactarse con todas estas personas que están todas procesadas en su país para que nos den mayores elementos», complementó.
Denunció que por investigar ese caso ha recibido permanentes amenazas hace cinco meses y dijo que es el precio que tiene que pagar por descubrir la verdad.
En su edición de hoy, domingo, el diario «El Deber» de Santa Cruz estableció que Jorge Barata, de Odebrecht, llegó al país 52 veces entre 2000 y 2006, mientras Marcos de Moura, de Camargo Correa, visitó Bolivia en 31 oportunidades.
Ambos son considerados los estrategas de los sobornos de ambas empresas brasileñas.