Miles de manifestantes tomaron las calles de casi 80 ciudades de Estados Unidos para expresar su repudio a la decisión del Gobierno de Donald Trump de separar a las familias inmigrantes detenidas en la frontera, lo que calificaron de «inhumano» e «inmoral».
«Este llamado no es sólo a la Administración sino a la sociedad estadounidense para que entienda que es inhumano lo que estamos haciendo a estos niños y estas madres», dijo a Efe Karla Estrada, fundadora de UndocuTravelers, uno de los grupos que participaron de la protesta nacional convocada por la organización Familias Unidas, No Divididas.
La activista fue parte de la concentración desarrollada en el Parque McArthur, en la ciudad de Los Ángeles y punto de encuentro de la comunidad centroamericana, en donde se dieron cita muchos inmigrantes que cruzaron la frontera de forma ilegal y expresaron su respaldo a los indocumentados.
«Es una cuestión de vida o muerte», manifestó a Efe la salvadoreña María Urque, quien en la década de 1980 cruzó la frontera sur de EE.UU. junto a su familia y asegura que las medidas de la actual Administración en la Casa Blanca no van a detener la inmigración.
California fue probablemente el estado que más manifestaciones registró en la jornada de ayer, con unas 18 ciudades que acogieron estas marchas en las que participaron defensores de los inmigrantes, grupos religiosos, sindicatos, legisladores demócratas y estudiantes.
En todas ellas los manifestantes pidieron la liberación de los menores retenidos y repudiaron además que el Gobierno esté considerando habilitar carpas en bases del Ejército para alojar a los niños.
La capital estadounidense también congregó varias protestas, en una de las cuales congresistas demócratas como Luis Gutiérrez, John Lewis, Raúl Grijalva, Jan Schakowsky, Pramila Jayapal y Joe Crowley encabezaron una «sentada» delante de la sede de la Patrulla Fronteriza (CBP), mientras que el actor John Cusack acusó a la Administración Trump de «torturar a los inmigrantes».
«Queremos a estos bebes libres ahora», gritaron en la capital activistas como Gustavo Torres, de Casa Maryland, que como muchos criticó que la Patrulla Fronteriza no entregue cifras concretas hasta la fecha sobre el número de niños que han sido separados de sus padres.
Esta agencia federal informó recientemente al Congreso que entre el 7 y el 21 de mayo 658 niños fueron separados de 638 adultos.
«La crisis no fue causada por el Congreso sino por el presidente Trump», señaló la legisladora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto, parte también de una protesta en Washington y que recalcó que solo basta una orden de Trump para detener la «reclusión» de los menores y devolverlos a sus padres.
«Separar familias no solo es inhumano, va en contra de todo lo que defendemos como país», aseveró.
El repudio a la política de «tolerancia cero» con la inmigración que ha implementado el Departamento de Justicia, que encabeza Jeff Sessions, debe provenir tanto de republicanos como de demócratas, tal como dijo Anna Tarkov, coordinadora nacional de Familias Unidas No Divididas, y quien resaltó a Efe que «esto no es un problema político, es moral».
La activista aseguró que se encuentran trabajando de cara a una estrategia que motive que todos los legisladores tomen una «posición responsable» sobre el tema.
Estados de tradición republicana, como Texas, también registraron protestas ayer, una de ellas realizada en las escalinatas del Capitolio estatal, en Austin, y que congregó a casi 500 personas que hicieron un llamado a una movilización masiva en las urnas el próximo noviembre, cuando se celebren en el país elecciones de medio término.
«No puedo votar, pero puedo movilizar a las personas a que voten por aquellos que reciban a los inmigrantes con dignidad e igualdad», dijo Daniela, una inmigrante colombiana que fue parte de la manifestación e invocó a los ciudadanos a ejercer su voto.
Durante la jornada de ayer, la organización Kids in Need of Defense (KIND) emprendió una campaña en internet para recolectar 50.000 firmas con el fin de pedir a la Administración que detenga su política migratoria de mano dura, la misma que al terminar casi ya habían alcanzado su objetivo.
La jornada de ayer se repetirá en ciudades como San Diego, en el sur de California, el próximo 23 de junio.
«Es importante que toda la nación entienda que lo que pasa aquí esta afectando a todo el país», dijo Marely Ramírez, una activista en esa ciudad.