Una nueva cumbre de Seguridad Ciudadana fue convocada por el Gobierno fundamentalmente para analizar la situación de la Policía, pero que derivó en la consideración de una serie de iniciativas. La Novena Cumbre fue realizada en la ciudad de Trinidad, allí se expusieron 15 lineamientos para la reforma estructural policial, además de una serie de propuestas y resoluciones para combatir el crimen, la violencia contra las mujeres y comenzar la reforma integral de la institución del orden. Faltó una evaluación del seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de las anteriores 8 cumbres, para ver en qué medida se avanzó y el porqué de las deficiencias.
Pero como de costumbre se trató de una reunión más de la que salieron algunas directrices que se aplicarán en algunos casos y otros simplemente quedarán en buenas intenciones. Una de las conclusiones señala la necesidad de la creación de una Dirección de Contrainteligencia. Ya existen organismos de inteligencia y entre sus funciones está la contrainteligencia, pero, en fin, tal vez se pretende crear una oficina especializada interna para «espiar policías». Por lo menos eso se colige de otra recomendación para que se otorgue puntaje para los ascensos a los funcionarios que den información sobre casos de irregularidades y corrupción en la institución del orden. También se creará una comisión revisora de antecedentes, como si no existiera ya una dependencia que lleva los folders de cada uno de los policías con sus antecedentes, faltas, sanciones y también con sus méritos.
También se informó de un convenio entre el Gobierno y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la implementación de un programa de ética e integralidad en la Policía. Podría ser un valioso aporte tanto en la formación como en el ejercicio policial. Se anunció otro acuerdo entre la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp) y el Gobierno para la reforma del sistema educativo policial. Luego se acordó agilizar procesos disciplinarios, mayor control en cambios de destino, un registro de personas con orden de aprehensión y otras medidas.
Un hecho que llamó la atención fue el planteamiento del presidente Evo Morales para «desmilitarizar» a la policía. Resulta que en la legislación nacional están bien delimitadas las atribuciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Militarizar a una institución como la policía significa un paso muy delicado del que nunca se informó a la población. Para desmilitarizar habría primero que militarizar. Militarizar es concepto que implica el sometimiento de una población, una actividad, un servicio, un lugar, o una institución como la Policía, etc., a la disciplina, el espíritu o las costumbres y mandos militares. La militarización de los servicios civiles se establece en momentos de crisis para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales.
Hay un ejemplo concreto de militarización de la seguridad pública en México, con la participación de las Fuerzas Armadas en misiones y funciones de naturaleza policial, particularmente en aquellos estados y municipios rebasados por la delincuencia organizada, ya sea a solicitud de la propia autoridad política local o por decisión directa del presidente de la República, en su calidad de comandante general. También se da cuando se crean unidades de policía militarizada, que es la antítesis del modelo de policía civil que rige en nuestro país. Es más, las FF.AA. en Bolivia solamente pueden intervenir en asuntos de seguridad interna cuando la Policía ha sido rebasada, y bajo instrucción específica del Presidente del Estado y autorización de la Asamblea Legislativa.