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domingo, mayo 26, 2024
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Misión de alto nivel visita Bolivia

Una misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita Bolivia para cumplir una agenda amplia «in loco» sobre la situación de los derechos humanos en el país, así como uno de los problemas más delicados que se confronta en el sistema judicial. Las visitas «in loco» son una de las herramientas que tiene ese organismo para ver la situación de los DDHH en el terreno y acceder a información de primera mano. Los organismos internacionales han efectuado varias recomendaciones dirigidas a la reestructuración de la justicia, sin que hayan sido atendidas. La principal observación es la injerencia política. Contrariamente, el gobierno se resiste a dar paso a una reforma del sistema judicial, y pone una serie de trabas a la iniciativa ciudadana que busca que sea el pueblo el que defina, mediante un referendo, los mecanismos constitucionales para el cambio.

El respeto a los derechos y libertades en Bolivia ha sido cuestionado por varios organismos internacionales recomendaron la urgencia de una reforma con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), regida por la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunció sobre las reiteradas denuncias relacionadas a la falta de independencia en la administración de justicia en el país, señalando que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso.

El Comité de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, también observó la crisis judicial en su cuarto informe sobre Bolivia publicado en 2022. El informe afirma que se han observado «casos de injerencia política y corrupción en el Poder Judicial y en el Ministerio Público afectando su independencia». Otro informe, el de Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, dijo que durante su visita escuchó los relatos «sobre el impacto de la corrupción en el sistema de justicia, y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana. Escuché testimonios de personas que han sido extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes. Estos testimonios no son denunciados públicamente por las víctimas por temor», explicó.

Dijo que la prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente, durante el menor tiempo posible y sólo en casos particulares que representen ciertos elementos de gravedad; además, se debe garantizar la separación entre presos preventivos y condenados en todos los lugares de privación de libertad. La prisión preventiva no puede constituir un castigo para personas que no han sido juzgadas. Exhorto al Órgano Judicial y al Ministerio Público a intensificar sus esfuerzos para combatir el abuso de la prisión preventiva. García Sayán expresó que la independencia del sistema judicial debe ser garantizada por el Estado. También hizo referencia a la forma de selección y designación de los magistrados. «En este sentido, quisiera expresar mi preocupación ante la baja legitimidad en las votaciones para la elección de los magistrados y la escasa participación del electorado.

Volviendo a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordemos que en enero de este año, los comités cívicos del país mediante los cabildos departamentales demandaron al gobierno de Luis Arce que se dé la amnistía para más de 180 presos políticos. Sobre este tema el Ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que los miembros de la misión podrán visitar las cárceles del país. «Como Gobierno abrimos las puertas, nosotros respetamos la salud, el debido proceso, y si en algún momento ellos deciden hablar con el gobernador (Fernando Camacho) o la exsenadora Añez no va a haber ninguna restricción. Ellos pueden hacer todas esas visitas si su agenda lo permite», aseguró Lima.

Las razones para cambiar el actual sistema judicial son muchas y plenamente justificadas. La insistencia de mantener las cosas como están no resiste ningún análisis serio, y se confirma que solamente se impone el afán de seguir manejando políticamente el sistema. Lamentablemente, como ocurre con todas las observaciones internacionales y los pedidos internos, el gobierno hace oídos sordos y frena todo proyecto de reforma judicial. En esa línea se inscribe la última exigencia que pretende que se transcriban a un sistema informático todas las partidas registradas en los 17.000 libros, que los ciudadanos firman pidiendo un referendo para cambiar las bases de la reforma judicial. El plazo de entrega de los registros vence el 23 de abril. Lo que sí está acelerando el gobierno, es la realización de nuevas elecciones judiciales con los mismos métodos que llevaron a la justicia a la situación actual.

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