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miércoles, febrero 8, 2023
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Momentos difíciles

El país vive momentos difíciles tanto por la coyuntura política electoral, como por la declinación del crecimiento económico, el endeudamiento del país, el retorno a los déficits presupuestarios, la declinación de la producción de gas, el estancamiento de la minería, el crecimiento de la importación de alimentos y una contra marcha ambiental, en momentos en que parte del mundo se moviliza para salvar al planeta, proteger el medioambiente y mitigar los efectos del cambio climático.

Es compresible que se busquen medios para potencial desarrollo, pero no puede ser que para ello se pretenda hipotecar el futuro. Pareciera que el enriquecimiento de unos pocos está por encima de los intereses colectivos, de las necesidades nacionales, o del respeto a las leyes y la propia Constitución Política del Estado y los compromisos internacionales. ¡Cuánta distancia hay! entre los discursos de defensa de la naturaleza, y los hechos. Recordemos que Bolivia ha promovido ante la Organización de Naciones Unidas la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, documento que como argumento central, reconoce «con gratitud que la Madre Tierra es fuente de vida, alimento, enseñanza, y provee todo lo que necesitamos para vivir bien; Reconociendo que el sistema capitalista y todas las formas de depredación, explotación, abuso y contaminación han causado gran destrucción, degradación y alteración a la Madre Tierra, colocando en riesgo la vida como hoy la conocemos, producto de fenómenos como el cambio climático».

La Declaración señala también que los países firmantes «Convencidos de que en una comunidad de vida interdependiente no es posible reconocer derechos solamente a los seres humanos, sin provocar un desequilibrio en la Madre Tierra; La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos inherentes: a. Derecho a la vida y a existir; b. Derecho a ser respetada; c. Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas.

Luego afirma que «Todos los seres humanos son responsables de respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra»; y que «Los seres humanos, todos los Estados, y todas las instituciones públicas y privadas deben, entre otras obligaciones, «actuar acorde a los derechos y obligaciones reconocidos en esta Declaración… Garantizar que los daños causados por violaciones humanas de los derechos inherentes reconocidos en la presente Declaración se rectifiquen y que los responsables rindan cuentas para restaurar la integridad y salud de la Madre Tierra… Empoderar a los seres humanos y a las instituciones para defender los derechos de la Madre Tierra y todos los seres que la componen».

Además Bolivia, aprobó la Ley 071 de 21 de diciembre de 2010 que señala «Los principios de cumplimiento obligatorio» de la Ley de Derechos de la Madre Tierra, que entre los diversos anuncios y arengas, proclama el «Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra. El Estado y cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras. No mercantilización. Por el que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie.

Como estas hay otras normas que parecían estar en la órbita de la defensa de la naturaleza que fue refrendada por casi todo el planeta en la Cumbre sobre el clima de París. Pero de pronto, el gobierno en un viraje, concibió, redactó aprobó y promulgó una serie de normas dirigidas a ingresar a buscar hidrocarburos en las áreas protegidas; decidió ampliar la frontera agrícola, y «culpó a la derecha» de los incendios forestales. A su vez, los agroindustriales, ejemplo de la derecha más radical del país, defienden y respaldan las determinaciones del gobierno. Gran parte de la oposición responsabiliza a las autoridades de haber ocasionado el desastre nacional con sus políticas de distribución de tierras, pero sospechosamente, excluye de sus críticas a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) y a sus satélites industriales del aceite, soya, y biocombustibles.

Parece cierto que existe una confabulación para destruir lo más valioso que tiene el país que es su pródiga y diversa naturaleza, incendiando sus bosques, autorizando una minería irresponsable y destructora, mediante normas aprobadas en abierta vulneración y contradicción con los mandatos expresos de la Constitución Política del Estado.

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