El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este martes que Santa Cruz se castiga a sí misma con las protestas que lleva adelante contra la detención de su gobernador, por la «interdependencia» económica de ese departamento con el resto del país.
En un encuentro con corresponsales de la prensa internacional, Montenegro sostuvo que los bloqueos de carreteras y las amenazas de dejar de enviar la producción agropecuaria cruceña al resto del país no son sostenibles para la región.
Según la autoridad, los grandes productores agroindustriales están enfocados en la exportación de derivados de soya, mientras que los pequeños abastecen al mercado interno en Santa Cruz y otros departamentos, y «dependen» de esa venta.
«Si no les dejan vender en el interior, ¿qué va a pasar? Ese productor tal vez compensará mínimamente con la elevación de precio de lo que vende ahí adentro (en Santa Cruz), pero va a perder producción. Eso no le va a permitir luego apalancarse para el siguiente año», indicó.
Por lo que consideró que «no es sostenible» decir «todo para Santa Cruz y se muere Bolivia», pues hay una «interdependencia, una interconexión» de la región con los otros departamentos.
Montenegro puso como ejemplo lo que pasó con Rusia y la venta de gas natural, que «la ha ido cerrando» y esto provocó la caída de sus ingresos.
«No creamos que el castigo es a toda Bolivia, el castigo más fuerte es para Santa Cruz», insistió e indicó que los líderes cívicos regionales deben pensar que van a «lastimar los ingresos, la producción y el entramado, todo el tejido empresarial microproductor, mediano productor» cruceño.
También consideró que incluso los exportadores tendrán que «mirar necesariamente al mercado interno», ya que habrá una «ralentización» y los mercados externos no estarán «tan dinámicos como en 2022».
Según Montenegro, Santa Cruz produce entre el 55 al 60 % de los insumos productivos intermedios, y un 18 a 20 % de las legumbres y hortalizas.
Además advirtió de que mientras unos dejan de vender, otros verán oportunidades y «nichos de mercado».
Santa Cruz paró durante 36 días entre octubre y noviembre por la pronta realización del censo de población.
Expertos han alertado de que los conflictos que retornaron a ese departamento a fines de diciembre por la detención de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho, podrían complicar el desempeño económico del país este año, ya que esa región es considerada el motor del desarrollo boliviano.
Montenegro señaló que la huelga por el censo ralentizó el comercio, pero que la actividad se recuperó en diciembre, una vez suspendida la protesta.
A su juicio, «la actividad económica sigue en Santa cruz y va a seguir porque no pueden darse el lujo de después de 36 días de paro volver a esa misma lógica y perder las oportunidades» económicas.
Camacho fue detenido dentro de la investigación del caso «golpe de Estado I» por la crisis política y social de 2019 y cumple su detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño.