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miércoles, noviembre 30, 2022
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Morales pide reabrir el caso terrorismo y Gobierno alega «confidencialidad»

El expresidente Evo Morales pidió este martes que se reabra el polémico caso de supuesto terrorismo de 2009, mientras que el Gobierno de Luis Arce dijo que no se pronunciará respetando el «carácter de confidencialidad» de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre este proceso, que fue filtrado a la prensa.

Morales hizo referencia a un comunicado del Ministerio de Justicia que señala que el «caso terrorismo» fue archivado «arbitrariamente» por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez en 2020 y pidió que se reabra este caso.

«Corresponde que ese ministerio denuncie el hecho y reabra el caso para lograr una sanción ejemplar a los que atentaron contra la unidad de la Patria», escribió Morales en su cuenta de Twitter.

El expresidente señaló que «atentar contra la integridad de Bolivia merece la pena máxima y que es traición a la Patria» y que el caso ya tiene sentencias ejecutoriadas de «separatistas confesos».

«Confiamos que esta vez no tratarán de beneficiar a golpistas y separatistas», finalizó Morales.

«Caso terrorismo»

El «caso terrorismo» estalló el 16 de abril de 2009, con una operación policial en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos y la detención de Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, acusados de formar parte de una célula terrorista que supuestamente pretendía la secesión de la región cruceña y atentar contra el entonces presidente Evo Morales.

En 2015, tras someterse a un proceso abreviado, Tadic y Tóásó fueron condenados a cinco años y diez meses de prisión cada uno por alzamiento armado contra la seguridad del Estado con fines secesionistas, aunque los denunciados manifestaron que el caso respondía a motivos políticos para acallar a opositores cruceños.

El caso se cerró en 2020 con la absolución de todos los acusados que seguían procesados, luego de que el Gobierno de Áñez y la Fiscalía retiraran sus acusaciones.

Informe de CIDH

El polémico caso revivió en estos días luego de que publicaciones de prensa revelaran un informe de la CIDH que responde a una petición formulada en 2009 por el abogado Gerardo Prado Herrera y la madre del irlandés Michael DWyer, uno de los muertos en el operativo.

La CIDH concluyó que «el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial» en perjuicio «de las víctimas identificadas» en el documento.

La petición, admitida en 2018, alegaba la «responsabilidad internacional» del Estado boliviano por la «ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas», es decir, Dwyer, Tadic y Tóásó y los bolivianos Juan Guedes y Alcides Mendoza.

El organismo recomendó al Estado otorgar reparaciones a las víctimas e iniciar una «investigación penal» para aclarar los hechos «en forma completa», identificar responsabilidades «e imponer las sanciones que correspondan», entre otros.

El Ministerio de Justicia señaló que el informe de la CIDH está «bajo reserva», por lo que el Gobierno de Luis Arce, respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio.

De la misma manera, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, expresó que el informe tiene carácter de «confidencialidad» y que «no debería ser objeto de especulación».

Una vez que se levante esa «confidencialidad» el Gobierno se pronunciará al respecto, sostuvo.

Evo Morales ha señalado que se busca direccionar el «caso terrorismo» en su contra como parte de un «plan negro», mientras que los que fueron procesados por este caso esperan que se investigue y enjuicie a exautoridades y exfuncionarios judiciales que impulsaron este proceso.

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