El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció ayer la retirada del artículo de una ley tributaria que preveía mayor control de cuentas bancarias, al atender un pedido de la Confederación de Empresarios Privados del país.
El Gobierno de Morales comenzó el mes pasado la tramitación de un proyecto de Ley de Regularización de Adeudos Tributarios, una amnistía fiscal conocida en el país como «perdonazo», para reducir la elevada deuda tributaria del Estado, equivalente a unos 4.328 millones de dólares.
Dicha ley tiene como objetivo eximir el pago de multas e intereses hasta en 95%, a quienes tengan deudas con el Servicio de Impuestos Nacionales.
El proyecto incluía un artículo que establecía como órganos de control interno en entidades financieras al Servicio de Impuestos y a la Aduana Nacional, lo que los empresarios consideraban una vulneración del derecho a la confidencialidad de operaciones de particulares y que desanimaría a los inversores.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) sostuvo que esa disposición vulneraba el derecho a la reserva.
El mandatario boliviano explicó que «este artículo se ha retirado para que la ley siga su tratamiento» parlamentario y pueda aprobarse «pronto», tras reconocer que los empresarios «tienen toda la razón de cuidar su sector, pero también de pensar en Bolivia».
Asimismo, elogió que «después de mucho tiempo» se haya retomado el diálogo con los empresarios privados, tras una serie de desencuentros.
El jefe de Gobierno participó en la ciudad central de Cochabamba en una reunión de miembros de su Ejecutivo con la organización empresarial, una de las más importantes del empresariado boliviano.
Por su parte, el presidente de la entidad, Ronald Nostas, agradeció «la apertura» del Ejecutivo para retomar un diálogo que propicie la necesaria «complementariedad» entre lo público y lo privado en el país, porque «la única forma de avanzar es trabajar juntos».
«El sector privado sin el apoyo del Estado no podrá avanzar de la misma manera», aseveró Nostas.
Los empresarios habían expresado días atrás su preocupación en una carta al presidente, en la que advertían que ese artículo iba en contra de la Ley de Servicios Financieros del país, que prevé que las autoridades solo puedan acceder a información bancaria en procesos fiscales con fines de verificación sobre un responsable concreto.
A su juicio, la nueva norma hubiera conllevado una actuación discrecional de estas autoridades para perseguir de forma genérica a los contribuyentes.
La ley en trámite prevé reducciones de hasta el 95 % en la condonación de deudas y multas tributarias, para incentivar a los contribuyentes a que regularicen sus deudas con el fisco de forma voluntaria hasta el 31 de enero de 2019.
El gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Morales tiene mayoría en la Asamblea Legislativa de Bolivia que tramita esta ley.
La reunión estaba pendiente desde hace semanas, tras varios anuncios del presidente del país para tratar con el sector privado las diferencias que desde hace meses les separan en temas como esta ley, el aumento salarial decretado por el Gobierno para este año o el pago de un segundo aguinaldo navideño.
Legislativo priorizará «Ley del perdonazo»
Por su parte, el titular de la Cámara de Senadores, Milton Barón, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional priorizará el debate del proyecto de Ley de regularización del pago de Impuestos de Dominio Tributario Nacional, conocida como la «Ley del perdonazo», luego que el presidente Evo Morales y los empresarios acordaron un ajuste y su aprobación.
«Debo celebrar el acuerdo (…), nosotros como parlamento nacional vamos a implementar ese acuerdo en la perspectiva de suprimir ese artículo que fue observado», dijo Barón.
El proyecto de ley en cuestión establece la condonación de las multas e intereses de las deudas tributarias hasta un 95% de personas naturales y jurídicas.
Barón, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que la Asamblea Legislativa asumirá «positivamente» esa propuesta, porque dijo que el «Gobierno administra el Estado obedeciendo al pueblo».
En esa línea, el diputado Víctor Borda, del MAS, anunció que entre este miércoles y jueves se tratará ese proyecto de ley en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja.