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martes, noviembre 30, 2021
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Movilizaciones a un año del gobierno de Arce

El gobierno de Luis Arce cumple hoy su primer año en el poder enfrentando una conflictiva situación política y social que tiende a agravarse por un paro indefinido y las posiciones indeclinables que asumen tanto el gobierno y sus aliados como la oposición y los sectores movilizados que cada vez suman nuevas fuerzas. La polarización levanta barreras que luego pueden ser el mayor obstáculo para una reconciliación, que es a lo que todos los bolivianos deberíamos apoyar. Pero lamentablemente no es así, y los aprestos de ambas partes advierten, con nítidas señales, que se ciernen graves riesgos para la comunidad nacional, para el país en su conjunto y naturalmente para los grupos y sectores movilizados.

El paro de actividades convocado a partir de hoy coincide con el primer año del gobierno de Luis Arce, y ambos hechos pueden agravar las tensiones en momentos en los que Bolivia requiere del mayor esfuerzo de todos para salir adelante después de la catastrófica situación heredada por las pésimas administraciones de los últimos 15 años y la crisis provocada por la pandemia. En ese ambiente, los sectores que piden la abrogación de varias leyes a las que consideran inconstitucionales y de alto riesgo para los intereses de la población, han ratificado el paro nacional indefinido a partir de hoy, lunes. A su vez, el Gobierno mantiene su posición de aplicar las nuevas normas y decidió movilizar a sus bases del MAS y a sus aliados de organizaciones sociales para defender al gobierno. Varios pronunciamientos de estos sectores se dedicaron a desacreditar a los movilizados y hasta lanzaron amenazas. Algunos ministerios advirtieron con sanciones para los empleados y trabajadores que paralicen labores, y hasta de intervenir con las fuerzas de seguridad nacional si se producen bloqueos.

Extrañamente, como ocurría durante los regímenes militares, tropas de las Fuerzas Armadas iniciaron despliegues coincidentes con los aprestos de las movilizaciones sociales que demandan la abrogación de la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, el presidente Luis Arce presentará un informe al país al cumplir un año de gestión, y se prevén concentraciones de los sectores afines al gobierno. Hubo una explicación sobre la movilización militar, señalando que es parte de la celebración del aniversario del Ejército recordando la Batalla de Aroma. Un comunicado de la alianza política Creemos, considera que se trata de un acto de amedrentamiento y responsabiliza «de cualquier hecho violento con consecuencias materiales o personales al Ministro de Defensa y al presidente Luis Arce». Simultáneamente la oposición denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) puso en marcha un «golpe legislativo» con la complicidad de legisladores tránsfugas para tomar control de las directivas de la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, el paro convocado por los gremiales recibió el respaldo de decenas de organizaciones, además de los Comités Cívicos de siete departamentos. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), también ratificó que participará en el paro indefinido y alentó «a que la ciudadanía salga a luchar este lunes a través del paro, la lucha es indefinida», según representantes de esa institución.

Pero el gobierno y sus aliados también se movilizarán. El Movimiento Al Socialismo (MAS) gestionó el respaldo de los gremiales de Cochabamba y Sucre que anunciaron que no acatarán el paro. Al fracturar a los gremiales, que es el sector que se ha puesto más firme en la demanda de abrogación de las nuevas leyes del gobierno, el oficialismo considera que puede debilitar las movilizaciones, ya que también consiguió que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) no acate el paro general. En esa línea, el Pacto de Unidad entre afines al MAS, se reunió con el Vicepresidente David Choquehuanca, y posteriormente esa organización de reciente creación se declaró en estado de emergencia, ratificó el respaldo al Gobierno y denunció un «intento de nuevo golpe», por parte de quienes se oponen a la Ley 1386. Convocaron a sus organizaciones afiliadas -casi en su totalidad de origen campesino- «a luchar, defender y garantizar la estabilidad económica, social y política de nuestro país». La Central Obrera Boliviana (COB), se declaró en estado de emergencia. Su máximo dirigente, Juan Carlos Huarachi, sostuvo que «Si vamos a tener que salir a las calles, lo vamos a hacer; si vamos a tener que salir a las carreteras lo vamos a hacer, para defender la estabilidad del país». A su vez, el Vicepresidente Choquehuanca hizo una exhortación: «Queremos advertir que las organizaciones sociales van utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia para defender la estabilidad económica, para defender la unidad, para defender nuestra soberanía y para defender nuestras riquezas y recursos naturales», dijo.

Ese es el ambiente que se vive en el país, a un año del nuevo gobierno. Sin duda hay una enorme dosis de hostilidad. Ojalá que se lograran tender hilos de entendimiento para sentarse a negociar, dialogar y buscar consensos. Hacemos votos porque se disipen las tensiones y se atenúen los aprestos de confrontación. Las animosidades que se expresaron representan un mal síntoma para la democracia, para la tranquilidad del país y para lograr la armonía y conciliación que es el único camino para lograr salir adelante. Las imposiciones siempre general reacciones y ojalá se comprenda que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos.

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