Bolivia tiene una amplia experiencia en paros, huelgas, bloqueos y otras medidas de presión, con las que han obligado a diferentes gobiernos a corregir directivas, frenar acciones o revertir decisiones. El sacrificio de centenares de dirigentes ha mostrado el camino de éxito en la lucha por conquistas sociales y la defensa de la democracia y las libertades. Son muchas las evidencias del compromiso de los bolivianos cuando se embarcan en objetivos superiores en los que están comprometidos los principios de los derechos y libertades fundamentales y las necesidades de la gente.
El pueblo ha participado decididamente cuando se lo convoca, pero para ello es necesario que se den una serie de circunstancias y factores. El retorno a la democracia se logró por la iniciativa de mujeres mineras que iniciaron una huelga de hambre frente a un régimen militar; la ciudadanía bloqueo y obligó a irse al gobierno militar de Natusch Busch que había tomado el poder en un sangriento golpe de estado; con una amplia presión política el pueblo restableció la institucionalidad en la corte electoral, después del desatino de la llamada «banda de los cuatro» que alteró los resultados de las elecciones de 1989, logrando que una comisión de ciudadanos notables asumiera la reorganización de la Corte Electoral.
Como esas, han sido muchas las causas en las que movilizaciones de la gente y la presión social han logrado importantes avances y logros, pero también se tienen penosas consecuencias, cuando los dirigentes calculan mal las posibilidades y lanzan a los adherentes a aventuras sin posibilidades de éxito, desgastando los recursos de la lucha política y social. Cuando no hay condiciones para lograr una respuesta masiva es irresponsable convocar a un paro general nacional.
Aunque las causas aparentemente fuesen justas y exista la necesidad de actuar, la forma y oportunidad de las medidas a adoptarse marcan el éxito o el fracaso. Algo de esto parece haber influido en el llamado a un paro por las organizaciones cívicas y el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), que convocó a instituciones de siete departamentos para que se movilicen en rechazo a la candidatura ilegal de Morales y García Linera, y respaldando el pedido de renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Efectivamente hubo manifestaciones de rechazo a las pretensiones continuistas del oficialismo, pero no se logró el paro general.
Santa Cruz, que era principal impulsor del paro, suspendió la medida debido a la declaratoria de desastre por causa de los incendios; Potosí se abstuvo porque está embarcado en una lucha regional demandando mayor participación en las regalías del litio. La Alcaldesa de El Alto anunció apoyaba las demandas pero que no podía hacer parar a los ciudadanos que viven al día. El secretario general del Comité Cívico de Chuquisaca, Édgar Fernández, señaló que ese departamento no parará. En Oruro también se efectuaron marchas. En Tarija se cumplió el paro parcialmente.
Solamente en Cochabamba y La Paz se sintió la movilización con algunos bloqueos de calles y avenidas, inclusive hubo incidentes por la actuación de la policía que despejó algunos bloqueos. Especialmente en la zona sur de la sede de gobierno la paralización fue más visible. En Cochabamba se han reportado detenidos. El Gobierno calificó como fracaso al paro, mientras según dirigentes de las instituciones organizadoras de las medidas de presión el objetivo era recordar y sentar presente la defensa de la democracia, el respeto a la voluntad ciudadana reflejada en las urnas en el referendo de 2016, y exigir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado.