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jueves, marzo 28, 2024
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Muchos casos pendientes de investigación

Los hechos de corrupción, irregularidades en el manejo de la economía, proyectos mal ejecutados, y millonarios daños económicos al Estado, se encuentran pendientes de explicación por parte de las autoridades del gobierno de Evo Morales, y también pendientes de una exhaustiva investigación. Lamentablemente, una amplia red de recursos y triquiñuelas legales impiden la celeridad para lograr el esclarecimiento y establecer responsabilidades para que se haga justicia. Los ejemplos son muchos de una acción deliberada en la retardación de justicia para demorar los procesos hasta que expiren los plazos, o simplemente, emplear las chicanas para postergar una definición, pese a existir todos los elementos de juicio para una sentencia condenatoria o de absolución, como en el caso de la supuesta conspiración terrorista para dividir al país.

Quienes violaron las leyes hoy se escudan en los derechos humanos. Pero los numerosos casos de corrupción y la transgresión a la Constitución Política del Estado no pueden quedar en la impunidad. Es necesario que se adopten las acciones urgentes para acumular pruebas y proceder de acuerdo a ley. Existe una red de protección a la corrupción que ha sido armada tanto nacional como internacionalmente. Por ejemplo, resulta sintomático que la socia del socialismo del Siglo 21, Michelle Bachelet, expresidente de Chile, con quien Evo Morales acordó establecer relaciones sin condiciones, ahora defiende a los jefes masistas que desfalcaron al país. Bachelet, actualmente Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, expresó preocupación por los procesos a ex funcionarios, y personas ligadas a la gestión de Evo Morales, que se están intentando iniciar durante el Gobierno actual.

Mientras tanto, ya sea por tratarse de un gobierno de transición, por carecer de los mecanismos de acceso a la información; falta de documentación que ha sido destruida o saqueada, o simplemente porque es más importante el proceso eleccionario, la investigación de los hechos dolosos perpetrados por el gobierno del MAS es muy lenta. Se ha anunciado para este mes de marzo la citación legal para que el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, se presente ante la Fiscalía para brindar su declaración informativa sobre el caso del ex Fondo Indígena, y su participación en la asignación de recursos y mecanismos de desembolso, que derivaron el desfalco más grande que se recuerde.

Arce, que es candidato a la Presidencia por el MAS, solicitó 10 días para analizar el contenido del cuaderno de investigaciones, tiempo que se amplió por otros cinco días más. El plazo ya feneció y se espera que la fiscalía conmine a Arce para que presente sus declaraciones. Ha sido el director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, que pidió se amplíe la investigación de los desfalcos en el Fondo Indígena contra Arce y el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a los que se los acusa de uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

Según la denuncia, ambos tenían la obligación de fiscalizar y evaluar la gestión del director ejecutivo de esa institución y realizar las operaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Pero hay además decenas de casos de corrupción y transgresiones legales pendientes, y probablemente los más importantes sean los relacionados a las reiteradas violaciones a la Constitución Política del Estado y a los derechos humanos, efectuadas por el anterior gobierno, y que, contradictoriamente, se han convertido en el manto con el cual actualmente se protegen las exautoridades nacionales.

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