Promulgada la Ley de Abreviación Penal, se retrasa hasta octubre del 2020 publicación gratuita de edictos en «materia penal». Litigantes y profesionales del Derecho, exigen la Independencia de los Órganos del Estado, para que haya igualdad de derechos ante la Ley, contando con magistrados, vocales y jueces probos e idóneos que no obedezcan dictados sea del Órgano Ejecutivo o del Legislativo.
Abogados del Foro Paceño señalaron que en la Asamblea Legislativa se modificó el proyecto de Ley de Abreviación Penal, remitido por el Órgano Ejecutivo, retrasando hasta el mes de octubre del año 2020 la implementación o publicación «gratuita de avisos exclusivamente de materia penal».
La mayoría de los medios de comunicación escritos, publica edictos de materia penal que hace posible que se agiliten los trámites.
De todas formas, representantes de medios impresos independientes, consideran que «es una espada de Damocles que pende sobre los medios».
Abogados con especialidad en materia penal expresaron que proclamar que los edictos serán «gratuitos» no obedece a una planificación de política criminal en cuanto al litigio, patrocinio de causas por abogados, ante jueces de sentencia, apelación, casación, o de garantías constitucionales y que en lugar de significar una medida favorable al litigante podría ocasionar complicaciones, toda vez que los fiscales y jueces en materia penal, por la carga procesal que cada día se incrementa, no cumplen los plazos que determina el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Organización del Ministerio Público.
Los Dres. Gonzalo Torrez Mendoza, Javier Albarracín, Wenceslao Jáuregui, indicaron: «No es solución para administrar justicia en materia penal ofrecer edictos «gratuitos», la Constitución Política del Estado determina que la administración de justicia «debe ser pronta, oportuna, correcta, gratuita», (se refiere a que ningún juez, vocal departamental, magistrado, cobre por alguna deferencia a litigantes o por intermediación política a través de la digitación del tráfico de influencias), pero también la Ley de Leyes garantiza el derecho a la información, trabajo y los derechos fundamentales de las personas. Lo que se debe hacer es una reingeniería de todo el Órgano Judicial, en lo específico, en materia penal, dotar a fiscales y jueces de infraestructura, material y laboratorios que signifiquen garantía de que los procesos tendrán investigación idónea, con plazos claramente definidos, improrrogables y sanciones a quienes, como representantes del Ministerio Público o jueces, la incumplan.
Plausible será que los representantes del Órgano Legislativo, se esmerarán en lograr la Independencia de los Órganos (antes Poderes ) del Estado, solo así se permitirá no haya la preferencia política económica o el tráfico de influencias en razón del cargo, mientras ello no ocurra, todo anuncio con espectacularidad electoral la población, el mundo litigante, no cree, pues la retardación y denegación de justicia no se soluciona con «promocionar gratuidad de edictos en materia penal», sino contar con probos e idóneos administradores de justicia y representantes del Ministerio Público», enfatizaron.