El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, instó este jueves a que renuncie al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, al acusarlo de ocultarse porque fue amenazado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
«Desde que lo amenazaron los del MAS, se ocultó. Si no tiene valor para seguir en su puesto y hacer su trabajo, solamente tiene un camino, renuncie y váyase a su casa”, advirtió Murillo durante una rueda de prensa en la ciudad de Santa Cruz.
La autoridad aseguró que el fiscal general «ha desaparecido» y no responde a llamadas, a la vez que le invitó a «dar la cara» y a que «no se oculte».
«No hay espacio para cobardes», concluyó el ministro interino, que ya en otras ocasiones acusó a jueces y fiscales designados con el anterior Gobierno de Evo Morales, como es el caso de Lanchipa, de actuar en contra del Ejecutivo de Jeanine Áñez.
La respuesta de la Fiscalía General del Estado llegó a través de su secretario general, Edwin Quispe, quien afirmó que Lanchipa trabaja desde su oficina en Sucre, capital de Bolivia y sede del Poder Judicial.
El fiscal general realiza «el seguimiento de todos los procesos a nivel nacional, coordinando con las diferentes direcciones especializadas de la Fiscalía General y en permanente coordinación con los fiscales departamentales, vía telefónica o realizando visitas cuando amerita el caso”, explicó Quispe en un comunicado.
«La institución en todo el país trabaja con total imparcialidad al servicio de la sociedad y no actúa de forma política», defendió.
Las declaraciones de Arturo Murillo se produjeron en la presentación ante los medios de un detenido al que se acusa de instar a movilizaciones contra el Gobierno y de amenazas, que el acusado atribuyó a un diputado del MAS cuando fue presentado ante las cámaras durante la comparecencia a la prensa.
Murillo ha denunciado de forma reiterada que el MAS está detrás de protestas contra el Ejecutivo, alentadas por críticas a su gestión de la emergencia sanitaria por coronavirus en el país, en el que la cuarentena estricta que rige desde el pasado 22 de marzo se ha ampliado hasta el próximo 10 de mayo.
El Gobierno es cuestionado dentro y fuera del país, por el MAS y Evo Morales, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al denunciar que utiliza las restricciones por la cuarentena para criminalizar a rivales políticos sin respetar derechos fundamentales.