Un gran tema que el Presidente o ejecutivos de YPFB deben aclarar, es si hubo «nacionalización de los hidrocarburos» o legalmente las empresas transnacionales, como señala la Nueva Ley de Hidrocarburos, pasaron a celebrar nuevos contratos con YPFB, en buen léxico «migraron», con cláusulas que los beneficiaron porque se los liberó de invertir en exploración, en los hechos se les renovó tiempo y ganancias, cuando algunas el año 2005 iban a concluir el periodo que les fijaba la anterior Ley de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Viene a colación el tema, por cuanto a raíz del escándalo de la entrega de $us 42.600.000 (cuarenta y dos millones seiscientos mil dólares) a la empresa chilena Quiborax, por resarcimiento económico de haberles «nacionalizado» la explotación de litio en Potosí, por un Decreto durante el gobierno de Carlos Mesa, acudió a un laudo arbitral que el Estado boliviano perdió y sale a luz versiones como el que denunció Mesa -después que con mucha diligencia se pagó esa fantástica suma-, en sentido que Quiborax, en la primera fase de la demanda arbitral, había «pedido tres millones de dólares para dar por resuelto el caso y desistir de la acción» y que la firma en un «acta» para la demanda estaba «falsificada».
Dio a entender que alguien, durante este gobierno, se benefició con algo o mucho.
En respuesta el gobierno del MAS a través del Procurador del Estado, Dr. Pablo Menacho, expresó que la defensa de los intereses nacionales se había efectuado de manera jurídica-legal, que Carlos Mesa, «en forma irresponsable firmó un Decreto irregular y con serias anomalías de índole jurídica», mismo que en el gobierno del Dr. Eduardo Rodríguez Veltzé, fue modificado, por cuyo motivo la Procuraduría demandó juicio de responsabilidades contra Mesa Gisbert.
Al presente parlamentarios de UN, PDC, y varios abogados politólogos independientes, expresaron «surgen dudas y sospechas sobre las nacionalizaciones efectuadas durante estos doce años, se impone se haga conocer si las transnacionales: Petrobras, Repsol, Andina, Transredes, YPF Argentina y otras que siguen operando como comercializadores de los hidrocarburos bolivianos, sobre todo gas, efectuaron o no efectuarán demandas arbitrales».
En los primeros años el gobierno, cuando había efervescencia política, anunciaba y hacia intensa labor propagandística en sentido que «había nacionalizado los hidrocarburos» cuando en realidad las empresas transnacionales no se fueron, se beneficiaron «migrando» a mejores contratos, se liberaron de invertir en exploración de petróleo, gas.
Pasado el tiempo los bolivianos se convencieron que la Nueva Ley de Hidrocarburos, que abrogó la Ley de Gonzalo Sánchez de Lozada, estipula que las empresas petroleras transnacionales pueden «migrar a nuevos contratos con YPFB».
Se nacionalizó Entel pero el Estado terminó pagando una fabulosa suma por resarcimiento económico. Con el caso Quiborax, son dos empresas nacionalizadas que cobraron muchísimo dinero al Estado boliviano al haber perdido demandas arbitrales.
En síntesis: Mesa indica llevará a juicio a Rodríguez Veltzé y a tres de sus ministros. El procurador Menacho denunció ante el Fiscal General a Mesa por «daños económicos al Estado». Diputados, senadores de oposición y diferentes organizaciones, cívica, culturales, económicas, piden que el gobierno haga conocer cuántas empresas transnacionales, nacionalizadas, interpusieron demanda por resarcimiento económico, si no las hay, se especifique qué empresas transnacionales siguen operando en Bolivia por haber migrado, de un anterior contrato con YPFB durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada a otro durante el gobierno del «cambio» de Evo Morales Ayma.
Queda la interrogante, el pueblo expresa ¿qué se nacionalizó a las transnacionales