Nicaragua, una de las economías más dinámicas de América Latina en los últimos ocho años, con un crecimiento promedio anual de un 5,2 %, declaró su economía «minada» debido a la crisis sociopolítica que vive desde el pasado 18 de abril, la más sangrienta desde 1980.
El Banco Central redujo de un 4,5 al 1 % su previsión de crecimiento de la economía este año como resultado de los «disturbios que se han venido presentando en Nicaragua en los últimos meses», según su titular, Ovidio Reyes.
«Esto significa 430 millones de dólares de pérdidas a la economía», precisó.
Previo al conflicto se estimaba un crecimiento de entre un 4,5 y un 5 %, con una inflación del 5,5 al 6,5 %.
Con dicha modificación también subió el pronóstico de inflación para 2018 a un rango entre un 6,5 y un 8,5 %.
Además, el Banco Central prevé una pérdida de 85.100 empleos y una merma en los ingresos por turismo, el sector más afectado por la crisis.
«El sector turístico, según nuestras estimaciones, experimentará una pérdida de 231 millones de dólares, con la expectativa que esta pérdida sea acumulativa, es decir, que permanezca por un buen rato, dado que el turista es el que es más difícil de poder movilizar y de poder garantizar que llegue al país», advirtió Reyes.
El Gobierno había estimado captar 924 millones de dólares en ingresos por turismo en 2018, sin embargo, como consecuencia de la crisis ese indicador ha bajado a 693 millones, agregó.
El turismo internacional dejó a Nicaragua ingresos por valor de 700 millones de dólares en 2017, un 9 por ciento más que en 2016, según cifras oficiales.
Por el lado de la inversión extranjera, Nicaragua espera una afectación de 238 millones de dólares y cerrar el año en 1.332 millones de dólares.
«Y las exportaciones creemos que van hacer afectadas en 440 millones de dólares», mientras las importaciones van a disminuir 465 millones de dólares como resultado de la menor actividad económica, apuntó.
En cuanto a las remesas, las autoridades monetarias calculan que aumentarán 48 millones de dólares y podría cerrar el año con 1.530 millones de dólares.
«Estos resultados son nada halagadores. Hubiésemos esperado una continuidad de la actividad económica y el progreso en nuestro país, pero lamentablemente éste se ha entorpecido y se ha minado para este año», valoró.
Nicaragua logró un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 4,9 % en 2017, con una inflación del 5,68 %, según el Banco Central.
En el campo sociopolítico, la situación de Nicaragua a causa de la crisis que ha cobrado unas 285 vidas, es «preocupante», afirmó la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Alicia Londoño, quien se encuentra en una visita oficial en el país.
«La situación es muy preocupante, esperamos el cese de la violencia», dijo Londoño, después de sostener un encuentro con representantes de organizaciones humanitarias y movimientos de la sociedad civil.
En el encuentro, el equipo de la ACNUDH fue informado sobre las ciudades que más han sufrido la represión del Gobierno de Daniel Ortega y los diferentes tipos de violación a los derechos humanos.
La exposición de las organizaciones nicaragüenses fue ajustada a la versión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recientemente responsabilizó al Gobierno de graves violaciones a los Derechos Humanos.
Las violaciones incluyen «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», según la CIDH, lo que fue rechazado por el Gobierno de Nicaragua.
Londoño afirmó que en esta primera etapa de la visita, que se extenderá hasta el fin de semana, la labor de la ACNUDH es exploratoria, para luego definir el rol que tomará.
La ACNUDH se encuentra desde el martes en Nicaragua por invitación del Gobierno de Ortega, como una exigencia del diálogo nacional, por parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con el apoyo del Episcopado, que actúa como mediador.
La misión de la ACNUDH se sumó a la de la CIDH y se espera que ambas ayuden a garantizar el cese de la represión por parte del Ejecutivo nicaragüense, así como realizar las investigaciones para que se haga justicia con las víctimas mortales, heridos, reos y desaparecidos, de acuerdo con los miembros de la Alianza Cívica.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.