La tensión política y social se acentúa en el país avivada por diversos factores que ensombrecen el panorama inmediato y futuro. Hay temor por lo que pueda ocurrir frente al abuso de poder y las reacciones que podrían generarse. La agitación comenzó a mostrarse desde diversos ángulos, con el ingrediente político y el proceso eleccionario como factores detonantes que ponen en el escenario varios otros conflictos pendientes de solución, nuevas demandas, y controversias sobre diversos problemas que se agudizan sin que exista voluntad de buscar soluciones.
La violencia ha sido la respuesta a los reclamos de los médicos, maestros y cocaleros de los Yungas, mientras los soyeros bloquean las carreteras y caminos en el oriente. Anteriormente el gobierno de Arce tuvo que lidiar con los bloqueos de los choferes, uno de os gremios abiertamente identificados con el MAS, que pidió diferimiento del pago de sus deudas, demanda que fue atendida prestamente pese a las observaciones del sistema financiero.
Los médicos, salieron a las calles y fueron enfrentados por la Policía que hizo uso de gases lacrimógenos. Se sumaron los maestros y cocaleros que fueron reprimidos. Estas organizaciones sellaron un pacto de unidad para pedir de manera conjunta el respeto a la propiedad privada, libre sindicalización y rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria. Uno de los conflictos más delicados es sin duda el del sistema de salud, que pide mejores condiciones de trabajo, medidas de contención a la pandemia, dotación de equipos de bioseguridad y la abrogación de la ley de emergencia sanitaria. Los médicos están en su sexto día de paro movilizado nacional. En Cochabamba, tras una reunión, los trabajadores en salud anunciaron que continuarán esta semana con marchas y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad.
Según el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, es «imposible» la abrogación de la Ley y cuestionó a los sectores por unirse a la demanda de los médicos. Dijo que la norma ya está consensuada con diferentes organizaciones nacionales y departamentales, por lo cual será aplicada tras la reglamentación que depende del Órgano Ejecutivo. La Defensoría del Pueblo, que actúa en defensa del gobierno, nada dijo sobre la represión a los manifestantes, pero informó que luego de una inspección realizada en 56 centros de salud públicos y de la seguridad social de primer, segundo y tercer nivel, identificó que el 80% de estos servicios no acatan el paro médico.
Uno de los conflictos que es recurrente en el gobierno del MAS, es la situación de los cocaleros de los Yungas. Esta vez, la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), rechaza a la directiva de Elena Flores, afín al MAS. Además, pide la destitución del viceministro de Coca. El conflicto se inició con la toma de la sede de Adepcoca por parte de grupos masistas.
El conflicto con los maestros tiene que ver con las condiciones precarias con las que se inició la gestión escolar. Los maestros demandan recursos tecnológicos y medias de bioseguridad para los maestros que han sido obligados a pasar clases presenciales en condiciones precarias, y sin recursos tecnológicos suficientes para la enseñanza virtual. Los postulantes a las normales se sumaron a la protesta y denuncian que aprobaron el examen de competencia, pero no habría cupos.
El problema de los soyeros se inició en respuesta a la decisión del gobierno de fijar una franja de precios a sus productos, hecho que unió a grandes y pequeños productores que acatan de manera contundente el bloqueo de caminos en rechazo a la regulación. Aseguran que la pérdida para los productores es de 50 dólares por tonelada. El Gobierno decidió regular el 20% de los subproductos para garantizar el abastecimiento interno.
A esta situación se suma la tensa situación que emerge de las elecciones para gobernadores y alcaldes, que ha introducido nuevamente la judicialización política para anular algunas candidaturas y la presión del gobierno que entró en campaña electoral advirtiendo a los municipios que vayan con la oposición de no poder coordinar proyectos. Todo este panorama alienta la conflictividad que puede descontrolarse si el gobierno persiste en su política de confrontación y respuesta violenta a las demandas de la población.