La actual gestión concluirá con una recesión del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) por la secuela del COVID-19, de acuerdo a previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este organismo alienta la esperanza de que el 2021 se logre una recuperación de 5.1 %, si se adoptan medidas acordes con la emergencia (entre ellas ¿la devaluación de la moneda, como intenta imponer el FMI?) y se logra reactivar las inversiones.
Lo que no debe efectuarse es la «dolarización de la economía», manifestó el Lic. Alberto Bonadona, experto analista sobre temas económicos.
Según el documento de la CEPAL, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del Covid-19, y «la dinámica del crecimiento en 2021 está sujeta a una alta incertidumbre relacionada con el riesgo de rebrotes de la pandemia, de la agilidad para producir y distribuir las vacunas y de la capacidad para mantener los estímulos fiscales y monetarios para apoyar la demanda agregada y a los sectores productivos».
Es imprescindible «avanzar en un crecimiento sostenible e inclusivo que requiere de una transformación productiva hacia sectores ambientalmente sostenibles, que favorezcan la generación de empleo y la innovación tecnológica», señaló Alicia Bárcena, ejecutiva de ese organismo internacional.
En Bolivia la realidad impone la necesidad de grandes esfuerzos por atraer capitales y fomentar las inversiones, apoyando al sector productivo. Pero en la actual administración gubernamental se adopta medidas contrarias a esa posibilidad, al limitar las exportaciones y mantener una política de hidrocarburos que fracasó en los 14 años del MAS. Hasta ahora el gobierno no ha dado señales de un cambio real en la política económica, y más bien parece empeñado en volver al centralismo que ocasiono daños al país y a las regiones.
El proyecto de Presupuesto General del Estado, que fue aprobado parcialmente en la Asamblea Legislativa- según algunos Gobernadores y Alcaldes- «concentra los recursos del Tesoro General en desmedro de las regiones.
El diputado Miguel Roca (CC) denuncio que el 85% del PGE «está concentrado en el nivel central», y un 15 % se asigna a las regiones y a las universidades.
En total el Presupuesto para el 2021 alcanza a 228 mil millones de bolivianos, se destinó el 10% para salud y 10% para educación.
Lo que llama la atención es que la Asamblea Legislativa, con mayoría simple en el Órgano Legislativo, autoriza un endeudamiento de 3.000 millones de dólares.
La inflación se fijó en 3,1%; el PIB nominal subió de 282.693 millones de bolivianos a 284.255 y se prevé que el déficit fiscal llegue al 9,74%. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en torno a la estructura presupuestaria, señaló que el presupuesto en salud y educación va a aumentar y «se reduce el gasto en equipo militar y policial que era para represión en el país».
Hasta el momento, las principales medidas económicas de la actual administración se han centrado en lo que las autoridades consideran «desmontar el andamiaje neoliberal», que habría establecido el gobierno de transición, para lo cual derogó varias medidas destinadas a fomentar la producción nacional, anuló la liberación de exportaciones y creó un impuesto a la riqueza.
Para gran parte de los analistas en materia económico-legal, estas medidas, lejos de reactivar la economía, alejarán la posibilidad de lograr inversiones y crear puestos de trabajo, y probablemente provocarían una fuga de divisas; tensionarán el mercado y generarán incertidumbre, que es el peor componente sicológico que perturba la confianza económica y altera las reglas del mercado. Ejemplos claros que no debiera olvidarse son las nacionalizaciones y constantes amenazas al capital nacional e internacional durante los casi 14 años del gobierno del MAS. Como consecuencia de la inseguridad jurídica, el flujo de capitales fue mezquino para Bolivia, cuando los otros países de la región se beneficiaron con miles de millones de dólares en inversiones. Solamente los altos precios del gas permitieron que nuestro país se sostenga, pero cuando bajaron las cotizaciones, comenzaron los déficits y el endeudamiento más alto de la historia.
Importante es lo que dijo el Lic. Alberto Bonadona, experto analista en economía, «lo peor que puede pasar es que se piense en dolarizar la economía en Bolivia, a lo que me apondré, porque los resultados en Latinoamérica, al respecto, generan incertidumbre».
Por lo expuesto nuestro país requiere un viraje en la política económica que permita dar seguridad a las inversiones, alentar al sector productivo y lograr confianza en que habrá seguridad jurídica.
La COVID -19 se ha reactivado, llámese encapsulamiento, bloqueo, o medidas de restricción mínimas, el hecho es que -desgraciadamente- se está haciendo patente el rebrote, la «segunda ola», del virus mortal.