Se impone medidas legales para que todos los habitantes cumplan las disposiciones sanitarias y evitar la propalación del coronavirus, por cuanto varios «anarquistas» que decían que la pandemia era un invento de la expresidenta Añez y que no había medidas de prevención», a la fecha esos mismos «anarquistas» indican que se debería haber efectuado la importación de vacunas gratuitas. (paradójico, decían era invento la pandemia y ahora reclaman que se debía haber adquirido vacunas).
Se debe llevar a efecto elecciones el 7 de marzo
Al presente algunos diputados del MAS señalan que «las elecciones para Alcaldes y Gobernadores deberían ser postergadas, pero esos mismos cuando estaban como candidatos eran eufóricos en manifestar que la pandemia era poca cosa y que si o si tenía que llevarse a efecto las elecciones nacionales, lo que ocurrió y ahí tenemos las consecuencias, pero en fin como lo hecho esta hecho, corresponde que los actuales dignatarios de Estado y el Órgano Electoral mantengan la fecha del 7 de marzo para las elecciones subnacionales. Con amplitud de criterio y horas en que deben concurrir a votar los electores mediante cédula par o impar, por la mañana y en la tarde, pero de ninguna manera dictar otra cuarentena, que el pueblo no lo acatará ni soportará, toda vez que con ello se provocaría la asfixia total de la economía nacional y por ende la eclosión social de miles de desocupados que a la fecha no tienen dinero para adquirir alimentos y peor si se vuelve a paralizar las actividades.
Varios empresarios de la industria comercio, construcción y emprendedores, expresaron que, si el gobierno de Luis Arce Catacora intenta mantener a los actuales alcaldes para que estos sean señalados como culpables de dictar medidas contra el imperio de la Ley y de la economía, la población tendrá el argumento legal, válido, de reaccionar y pedir la inmediata renuncia de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral que prácticamente obedece instructivas políticas.
Medidas drásticas contra infractores
¡No a la cuarentena, si a medidas drásticas contra quienes no obedecen instructivas sanitarias!, es la consigna de los bolivianos que desean trabajar y asumen deudas económicas esperanzados en que se dé la milagrosa reactivación que argüían cuando eran candidatos los actuales responsables de políticas de Estado.
Si bien es cierto que la salud, educación, vivienda es de responsabilidad del Estado, en casos de emergencia, por fuerza mayor, como representa la aparición de la pandemia del COVID-19 que está en crecimiento en Bolivia, debe llamar a reflexión al Presidente y a todos los servidores públicos, sean ministros, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, policía, militares, a encarar con oportunas medidas sanitarias para que el mal no prosiga cobrando vidas, muchas veces por falta de cumplimiento a disposiciones sanitarias por parte de algunos ciudadanos que se han dado a la tarea de quemar barbijos, no portar barbijos, no mantener la distancia de dos metros, ni lavarse en forma continua las manos, ingresan en una fase de núcleo de contagios, proliferan bares y cantinas donde se expande bebidas alcohólicas que desenfrenan a quienes los consumen y estos representan un peligro de contagio.
No basta con enunciados, la población, la economía nacional, requiere de medidas drásticas en contra de quienes vulneran las determinaciones del ministerio de salud.
Hace un mes se dio a conocer que las personas que no porten barbijos serian arrestados 8 horas o en su caso obligados a cumplir labores comunales; limpiar calles, desinfectar avenidas, a que la basura se deposite en contenedores, lo enunciado por algunos alcaldes paso de simple demagogia porque los resultados saltan a la vista, por no cumplir con las medidas de bioseguridad, la colectividad nacional está en peligro de contaminación con el virus letal.
Anunciar restricciones o pensar en nuevas cuarentenas, el pueblo no soportará, pues a cerrar más fuentes de trabajo, a generar mayor desocupación, a impedir exportaciones, o importaciones, habrá mayor destrucción de la tan debilitada economía nacional, señalaron empresarios de comercio, industria, construcción y de la minería.
(*) Abogado constitucionalista