El ataque islamófobo en Nueva Zelanda del pasado viernes, que causó 50 muertos y 50 heridos, obliga a las agencias de inteligencia y seguridad a repensar la vigilancia de personas y grupos de extrema derecha.
«Hay muchas preguntas que deben ser respondidas (…) la lección que se desprende es que ningún país es inmune a un ataque de la extrema derecha», dijo el experto en leyes de la Universidad de Waikato, Al Gillespie.
El atentado fue atribuido a Brenton Tarrant, un australiano de 28 años que no estaba bajo vigilancia de las autoridades y cuyas acciones obligaron a elevar la alerta de seguridad de baja a alta en Nueva Zelanda.
Tarrant retransmitió durante 17 minutos el ataque y poco antes del ataque publicó un manifiesto de 74 páginas, que difundieron algunas redes sociales, lleno de invectivas contra los musulmanes y en el que se define como «racista» y «fascista».
El asaltante no tenía antecedentes ni causaba problemas a sus vecinos en Dunedin, situada a unos 400 kilómetros al sur de Christchurch, el lugar de la matanza, donde se estableció tras llegar al país en 2017.
En noviembre de ese año, obtuvo el permiso de armas y en seguida comenzó a comprar las cinco armas que utilizaría en el atentado, por el que se preparó también apuntándose a clubs de tiro.
La masacre abrió una polémica sobre el papel de las agencias de espionaje y seguridad, y críticas por la dinámica de los Cinco Ojos, la alianza de inteligencia que Nueva Zelanda comparte con Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.
El jefe de la Oficina de Seguridad de las Comunicaciones del Gobierno, Andrew Hampton, explicó que su agencia «no ha recolectado o recibido por parte de los socios ninguna información de inteligencia relevante a los ataques terroristas».
Tres semanas antes del ataque a las mezquitas, Rebecca Kitteridge, directora del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Nueva Zelanda (NZSIS) dijo a un comité parlamentario que la amenaza terrorista en el país era baja y que el número de personas vigiladas fluctuaba entre 30 y 40.
Pero nadie en Nueva Zelanda, y mucho menos en Christchurch, se esperaba un ataque de esta magnitud, en un contexto global en el que la vigilancia se centra en los extremistas islámicos, la violencia de las pandillas, y en el caso del país oceánico, el nacionalismo maorí.
«El extremismo de extrema derecha estaba en la lista, pero no era una prioridad», explicó Gillespie, que situó los orígenes de esta ideología en el país en los años 1930 y su momento álgido en los años 1990 con la aparición de grupos de «cabezas rapadas».
Preguntado sobre la existencia de la extrema derecha hoy en Nueva Zelanda, el académico precisó que la proporción de neonazis que pretenden cometer actos de violencia como los ocurridos el 15 de marzo en Christchurch «es muy pequeña».
«Pero en términos de una comunidad más amplia de aquellos que creen activamente en la ideología de la extrema derecha, probablemente sean un par de cientos. Y alrededor hay una comunidad más amplia de miles que tienen ideas racistas», comentó.
La ideología de extrema derecha atrae a jóvenes blancos de clase trabajadora como Tarrant, quien proviene de Australia, un país que tiene grupos secretos como la Resistencia de las Antípodas que venera a Adolf Hitler y aboga a favor de la supremacía blanca.
Nueva Zelanda tiene previsto investigar la respuesta de las agencias de inteligencia a los ataques de las mezquitas de Al Noor y Linwood, para que «no pase nunca más», según anunció la primera ministra, Jacinda Ardern.
Las autoridades temen que los ataques generen «imitadores» no solo por parte de neonazis sino también de otro tipo de extremistas, señaló Gillespie que apuntó que el asalto a las mezquitas «pudo haber empoderado a la extrema derecha».
Para Gillespie, quien en 2016 pidió un mayor control del armamento para prevenir masacres a un comité parlamentario, la clave «es el control de armas», una reforma de la que la primera ministra prevé anunciar los detalles antes del próximo lunes.